Hasta 20.000 sanitarios que ejercen en la pública están fuera de la reforma del Código Penal

Cristina Alcalá. Madrid
Entre 15.000 y 20.000 sanitarios que ejercen en hospitales concertados de España se quedan fuera de la reciente reforma del Código Penal que, a través de una enmienda del artículo 550, pasa a considerar como autoridad pública a esta profesión, por lo que cualquier agresión contra ella será considerada como un delito y estará penada entre uno y cuatro años de prisión.

Manuel Carmona y José María Nieto.

Así lo cifra la Vocalía de Medicina Privada por Cuenta Propia de la Organización Médica Colegial (OMC), que pone el acento especialmente en este colectivo porque, a pesar de que trabajan para el sector privado, hacen “un servicio público” a la sociedad, explica a Redacción Médica Manuel Carmona, representante de esta vocalía.

Tanto Carmona, como su homólogo en la Vocalía de Medicina Privada por Cuenta Ajena de la OMC, José María Nieto, tachan de “aberrante” la reforma del Código Penal, ya que obvia el hecho de que el facultativo que asiste en la privada se enfrenta a los mismos problemas que el que lo hace a través de la pública, es decir, que puede ser agredido por un usuario, con la diferencia de que la ley no le ampara, añade Carmona. “¿Por qué si pegan a un médico en la pública es delito y no lo es en la privada?”, se pregunta.  

“Indefensión total” de los médicos de la privada

Para ambos representantes, esta reforma debería contemplar ya la figura del médico que asiste en hospitales, tanto concertados como privados, y no esperar a una modificación del articulado, del que se prevé que no se volverá a abordar a lo largo de esta legislatura. “Esta laguna supone una indefensión total y absoluta de este colectivo de trabajadores”, denuncia Nieto. “Todos los médicos deberían tener esa protección, independientemente de dónde trabajen”. Según los últimos datos publicados por la OMC en este sentido, el 13 por ciento de las agresiones cometidas durante 2014 fue contra médicos que ejercía en la sanidad privada.

Otras de las cuestiones que quedan pendientes de reconocer en esta norma es qué hacer frente a amenazas verbales, injurias, coacciones o vejaciones a las que se puede enfrentar el profesional sanitario, unas situaciones que solo se incluyen en el ámbito civil.

A pesar de que queda mucho camino por recorrer, todas las consejerías de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas aplaudieron esta reforma del Código Penal en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), mismo día que se aprobó en el Congreso de los Diputados con 181 votos a favor por 138 en contra y 2 abstenciones.

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