Funcionarios, policías y militares exigen a Montoro que garantice la asistencia sanitaria en Muface e Isfas

Redacción. Madrid
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) han unido fuerzas para exigir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que garantice la asistencia sanitaria en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas). Asimismo, han trazado una hoja de ruta para presionar al Gobierno y lograr que establezca un marco de financiación que garantice la correcta asistencia sanitaria y el futuro de las mutualidades a medio y largo plazo.

Eliseo Moreno, representante de CSI-F en el Consejo General de Muface.

Según han explicado en un comunicado conjunto, “los recortes en la financiación han provocado una reducción de la oferta de hospitales y de especialidades médicas en muchas provincias”, ante lo que han querido dar la voz de alarma. Según lamentan, “el Gobierno asegura que tienen derecho a la continuidad asistencial, pero hemos comprobado que no es así. Ni se concede de manera automática y ni siquiera está garantizada”.

Esta no es la primera acción con la que CSI-F trata de dar visibilidad a este problema. A las continuas quejas y denuncias públicas expresadas por sus representantes sobre los recortes financieros y en prestaciones de asistencia sanitaria en Muface se han sumado también varias reuniones con las fuerzas políticas para tratar de revertir esta situación. Además, recientemente ha convocado al colectivo de funcionarios a manifestarse ante las puertas del Ministerio de Hacienda, donde registró una misiva dirigida al ministro Cristóbal Montoro en la que reclaman una solución para los problemas de Muface.

Ahora, la hoja de ruta pactada con CEP y AEGC marca varias pautas. La primera, la presentación de una queja formal al Ministerio de Presidencia, así como a los departamentos de Hacienda y Administraciones Públicas e Interior. Además, se va a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo y se va a estudiar la posibilidad de emprender acciones jurídicas. Por último, se procederá a celebrar asambleas informativas dirigidas a los trabajadores afectados en los diferentes ámbitos de la Administración. Además, según han explicado en un comunicado, sus reivindicaciones son compartidas por la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), pero por razones de su estatus jurídico, por su condición militar, no puede estar presente en las actuaciones reivindicativas.

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