Expertos en la reforma fiscal, contrarios a eliminar exenciones en sanidad

El Comité de Personas Expertas para la Reforma del Sistema Tributario se inclina por no recomendar la eliminación de la exención de la prestación por el sector privado de los servicios de sanidad. Esta es la postura que el grupo defiende en el Libro Blanco, un informe en el que han trabajado en los últimos diez meses y donde se recogen sus sugerencias en materia de fiscalidad, con el objetivo final de modernizar el sistema tributario español.

El grupo ha hecho entregado del documento este jueves a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la sede ministerial, durante un acto en el que han estado presentes los miembros de este comité, encabezados por su presidente, Jesús Ruiz Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.

Ante el marco actual de exención de las entregas de bienes y prestaciones de servicios relacionados con la sanidad, el comité se ha planteado si podría recomendarse la supresión o limitación de estas exenciones, cuando los servicios sanitarios se prestan por el sector privado, asumiendo que, en la mayoría de los casos, al tratarse de exenciones obligatorias de acuerdo con la Directiva del IVA, esa recomendación debería ser de “impulso de un cambio normativo en la UE”.

El comité sostiene que la exención, como la reducción de los tipos impositivos, no parece ser el instrumento “más adecuado” para facilitar el consumo de los mismos entre el conjunto de la población, porque “son las personas con rentas más altas las que los consumen más y las que obtienen un beneficio más elevado”. Por otra parte, defiende que el potencial recaudatorio de la eliminación de estos beneficios fiscales podría "no ser desdeñable".

'Contras' en la exención de la prestación por el sector privado

En contra de la eliminación de la exención, el grupo de expertos afirma que el gravamen pleno de esas actividades “alteraría” la competencia entre los sectores público y privado en la prestación de esos servicios. En segundo lugar, defiende que no es sencillo delimitar qué operaciones deberían quedar excluidas de la exención y cuáles no.

Por otro lado, el comité entiende que, aunque se suprimiera la exención con carácter general para los servicios de sanidad, todavía debería mantenerse para la prestación de aquellos servicios provistos de manera casi exclusiva por el sector privado, “sin alternativa”.

Por último, el grupo de expertos dicta que la propia Airef señala que las cuantías máximas estimadas de ganancia recaudatoria podrían minorarse por dos vías. En primer lugar, explica, si se mantuviera la exención para los servicios relacionados con la atención dental, la ganancia recaudatoria máxima proveniente de la sanidad se reduciría hasta 1.127 millones de euros.

En segundo lugar, añade, de las cuantías máximas estimadas por la Airef habría que restar tanto la pérdida recaudatoria como el coste derivado del desplazamiento de parte de los usuarios al sector público como consecuencia del probable incremento del precio de esos servicios provistos por el sector privado.

“La magnitud de este efecto dependerá de la elasticidad de la demanda de estos servicios ante aumentos en su precio”, matiza el Comité, agregando que los servicios sanitarios se prestan mayoritariamente a los consumidores finales, “lo que reduce los inconvenientes vinculados a las exenciones”.