El PP rechaza por “innecesaria” la comparecencia de Montoro sobre Muface

Enrique Pita. Madrid
“No hay razones para la comparecencia del ministro Montoro” para dar cuenta sobre la realidad de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Así ha despachado el portavoz del PP en la Diputación Permanente del Congreso, Juan José Matarí, la petición formulada por el PSOE, Izquierda Plural y el Grupo Mixto, apoyada también por el PNV y UPyD, para la celebración de una Comisión Extraordinaria de Hacienda en la que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, explicara la situación financiera de Muface y el “recorte de prestaciones sanitarias” que “sufren” los funcionarios desde el pasado 1 de enero.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

“Ni Muface ha recortado prestaciones ni está en peligro su viabilidad económica”, ha asegurado Matarí, en línea con lo defendido por el propio Montoro en distintas ocasiones, especialmente durante una comparecencia en el Senado el pasado mes de diciembre. “Muface garantiza las prestaciones y está trabajando para dar solución a las incidencias que se han producido en el concierto de 2015”, ha continuado, y ha asegurado que la mutualidad “tiene un presupuesto equilibrado, superior al de años anteriores”.

Esta visión choca frontalmente con la expuesta por los portavoces de la oposición, que han coincidido en describir un panorama mucho más complejo para la mutualidad y sus beneficiarios, con una situación “insostenible” y de “insolvencia”, entre otros calificativos. “Si un tema como Muface, que afecta a 1,5 millones de funcionarios, no debe conllevar la comparecencia de un ministro, no sé para qué están los ministros”, ha asegurado el portavoz de Izquierda Plural, Joan Coscubiela.

En este sentido, tanto la portavoz del PSOE, Susana Sumelzo, como los representantes de Coalición Canaria (CC), PNV y UPyD, Ana María Oramas, Emilio Olabarría y Carlos Martínez, respectivamente, han coincidido con Coscubiela en poner en duda el futuro de Muface de no abordarse los problemas que atraviesa. Así, Sumelzo ha apuntado que “el Gobierno está ahogando a Muface: cada vez hay menos funcionarios en activo y más jubilados, con lo que caen las cotizaciones”, lo que se suma a la reducción en la aportación del Estado al presupuesto de la mutualidad y el desfase entre ingresos y gastos. “La realidad de Muface es insostenible”, ha dicho.

“Lo evidente es que si se reducen las aportaciones a la mutualidad, el impacto no es solo en los números, sino también en la calidad de la asistencia”, ha dicho por su parte Coscubiela, que ha asegurado que desde 2009 estas contribuciones “se han ido reduciendo”, lo que ha llevado a Muface a “comerse” más de 1.000 millones de remanente de Tesorería hasta dejarlo a cero. “Muface está en una situación de insolvencia que hay que abordar”, ha concluido.

Recortes en las prestaciones

De izquierda a derecha: Juan José Matarí (PP); Susana Sumelzo (PSOE), y Joan Coscubiela (Izquierda Plural).

Más allá de las cuestiones económicas, los recortes en los cuadros médicos de las aseguradoras que prestan asistencia sanitaria a los beneficiarios de Muface también han tenido protagonismo en la reunión de la Diputación Permanente. En este sentido, la oposición ha lamentado que haya enfermos dejando de ser atendidos en los hospitales donde venían recibiendo tratamiento, poniendo especial énfasis en los pacientes oncológicos, lo que, según ha apuntado la portavoz del PSOE, “ha dado pie a la puesta en marcha del copago por la puerta de atrás, pagando una cuota que les exige la compañía para pagar esa atención”, ha dicho Sumelzo. Por su parte, Coscubiela ha señalado que ante esta situación “Muface lo que hace es garantizar que se les prestará asistencia en el mismo centro que hasta ahora durante los seis primeros meses de 2015”, con lo que los centros “se han dirigido a los funcionarios diciendo que pueden seguir con su tratamiento si pagan, además de pagar Muface, por supuesto”.

Sin embargo, el portavoz del PP ha negado este extremo. “Los beneficiarios tienen acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud y las aseguradoras deben garantizar la asistencia de estos beneficiarios”, ha dicho Matarí. “El concierto prevé una garantía para que los pacientes sigan recibiendo su tratamiento en el mismo hospital aunque ya no esté en el concierto durante seis meses en caso de enfermedades graves y de 1 año en el caso de enfermos oncológicos y psiquiátricos”, ha recalcado.

En este sentido, el pasado 20 de enero el sindicato CSI-F denunció en un comunicado que “no se tiene en cuenta que estos enfermos, a pesar de tener garantizado el tratamiento por el periodo indicado, pueden tener muchos inconvenientes con la prestación de pruebas complementarias necesarias que no estarán cubiertas en los centros hospitalarios donde reciban dichas terapias en el tiempo indicado”. Finalizado este periodo, en teoría, la aseguradora deberá ofrecer “una alternativa asistencial válida”, pero que no concreta en nada, critica el sindicato, “lo que hace sospechar, teniendo en cuenta que las aseguradoras han decidido recortar hospitales por criterios económicos”.

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