El "injustificable" impuesto al seguro de salud hace "víctima al paciente"

La sanidad privada se enfrenta a un nuevo escollo. El sector, que estos días vive en vilo por la que probablemente sea la peor crisis de la historia de Muface, se enfrenta a la nueva medida del Gobierno: eliminar la exención del IVA a los seguros sanitarios privados. Tras el anuncio del nuevo acuerdo entre PSOE y Sumar [que se encuentra en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado] el pasado lunes, las empresas apenas tardaron en mostrar sus reacciones. De hecho, en declaraciones a este medio, han calificado la medida de “innecesaria e injustificable”.

Poco después de conocer el acuerdo para el fin de la exención de los seguros privados del Gobierno, Redacción Médica se puso en contacto con dos de las grandes entidades que representan a la sanidad privada: el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), y la patronal del sector, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).

Si bien, esta misma tarde se ha conocido que este impuesto a la sanidad privada se ha quedado en 'stand by', ya que el PSOE ha vuelto a aplazar la Comisión de Hacienda ante la falta de apoyos para aprobar la nueva reforma fiscal.

“Desde la Fundación IDIS hemos apoyado en distintas ocasiones la idea de que nuestro Sistema Nacional de Salud ha de tener una financiación adecuada para poder adaptarse a las necesidades crecientes de los pacientes”, han reiterado fuentes de esta organización. No obstante, han querido aclarar que les llama la atención que en el paquete de medidas que plantea el Gobierno de cara a los siguientes Presupuestos se encuentre esta supresión de la exención del IVA. “Es especialmente gravoso para un sector esencial como es el de la salud”, ha concluido la Fundación IDIS. A ello, la entidad ha añadido quiénes seran los damnificados con esta eliminación de la exención del IVA de los seguros privados: "El mayor perjudicado es el paciente".

En este contexto, ASPE también ha querido posicionarse. “Entendemos que esta medida tiene como objetivo incrementar la recaudación fiscal, penalizando a quienes cuentan con un seguro de salud privado, bajo el supuesto de que se trata de rentas altas y de un artículo de lujo”. Por ello, han subrayado que “el seguro de salud no solo es accesible para gran parte de la población, sino que también actúa como un complemento clave para el sistema sanitario público, especialmente en un momento de sobrecarga en la sanidad pública”.

“Nos preocupa que esta medida no haya considerado adecuadamente el impacto que podría tener en el sistema público y en el acceso a los servicios sanitarios en general”, han rematado fuentes de la patronal. Estas palabras ponen sobre la mesa el colapso al que se precipita la sanidad pública, congestionada desde hace años, y que en los próximos meses podría enfrentarse a la llegada de cerca de 1,5 millones de personas procedentes de Muface.

¿Progresará la medida?

La Fundación IDIS es tajante: augura que esta supresión de la exención del IVA de los seguros privados no va a tener futuro. En este contexto, han hecho referencia a una conversación que han mantenido con la portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras. “Hemos podido saber que este grupo parlamentario [que forma parte del conglomerado de socios del Gobierno] no tiene intención de apoyar esta medida, por lo que parece razonable”.

De hecho, en el día de ayer, Redacción Médica ya adelantó que PNV y Junts se habían posicionado en contra de eliminar la exención de las primas a los seguros de carácter privado.

En el caso del Grupo Vasco, el portavoz del partido, Aitor Esteban, ha asegurado que su formación “no va a pasar por ahí”. El argumento del político se ha basado, especialmente, en que los medidos y la no exención del IVA a los seguros servía como “descargar” para el sistema sanitario. “Se va a saturar la sanidad pública”, ha vaticinado.

Junts per Catalunya tampoco dará su apoyo. Josep Maria Cruset, diputado de la formación nacionalista, ha acusado al Gobierno de pretender instaurar impuestos “letales” que, a nivel general, supondrán “la pérdida de muchos puestos de trabajo” y un lastre para el tejido económico catalán.