El Gobierno declara secreto el motivo del rescate a las clínicas Vivanta

El Gobierno no va a desvelar los motivos financieros que han permitido a la compañía de clínicas odontológicas Vivanta acceder a un rescate público por valor de 40 millones de euros tras la crisis económica provocada por el Covid-19. Hacienda se ha aferrado al “carácter reservado” que tienen las resoluciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para evitar aclarar si las cuentas de la empresa ya se encontraban en una situación delicada antes de que estallara la pandemia.

El Ejecutivo ha explicado que se encargó a dos consultoras externas (Lener y BDO) la realización de los análisis financieros y jurídicos necesarios para confirmar que Vivanta podía acceder al plan de rescate para empresas estratégicas. Entre la documentación, la compañía debe presentar los datos sobre su actividad económica, identificar el impacto sufrido por la pandemia y elaborar un plan de viabilidad. “La empresa a la que hace referencia la iniciativa cumple con los requisitos establecidos en dicha normativa”, ha subrayado en una respuesta parlamentaria remitida al Congreso de los Diputados.

Hacienda ha recurrido al contenido del Real Decreto de Medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo de julio de 2020 para justificar su negativa a publicar las cifras. La norma aprobada en plena pandemia establece que los datos de la SEPI “no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos”. Aunque sí que deja la puerta  abierta a “excepciones previstas en la normativa vigente”.

En todo caso, el Gobierno ha insistido en que se han utilizado “los mismos criterios” para resolver el caso de Vivanta que el del resto de empresas estratégicas que han logrado un rescate. “En el análisis de los expedientes prima el rigor para establecer de forma clara y objetiva el cumplimiento de los criterios y requisitos, la necesidad del apoyo público temporal, así como su viabilidad, extremando las garantías en el uso adecuado de los recursos públicos y en el reembolso de las ayudas”, han agregado.

Esta defensa sobre el procedimiento se produce después de que formaciones como el Partido Popular, Ciudadanos o Vox hayan pedido explicaciones al Gobierno sobre la situación económica en la que se encontraba Vivanta en el año 2019, antes de que comenzaran los contagios de coronavirus. No es la primera vez que la oposición ha exigido acceder a los informes particulares en un rescate público. En casos como el dinero que recibió Air Europa o Duro Felguera incluso el Tribunal Supremo ha terminado dando la razón al Ejecutivo.

El rescate de las clínicas Vivanta

El rescate de las clínicas odontológicas Vivanta se materializó el pasado 27 de junio, seis meses después de que la dirección de la empresa pidiera la ayuda pública debido a su situación financiera. El Consejo de Ministros aprobó facilitar un crédito participativo y otro de carácter ordinario a una compañía que considera estratégica. Su entrada se acordó in extremis junto a otra batería de organizaciones como Celsa, Isastur, Vivanta, Imasa, Meeting Point y Blue Sea que también estaban al borde de la quiebra. En total se movilizaron 721 millones de euros.

La compañía fundada por el fondo de capital riesgo Portobello arrastraba problemas desde hacía meses, lo que le llevó a presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 280 trabajadores para reorganizar su plantilla. Mientras que su accionariado cambió de manos para dar entrada a Ares Management que se hizo con el 76 por ciento de la participación y del banco francés BN Paribas que ahora controla el 8 por ciento.

Su rescate provocó el “total rechazo” por parte del Consejo de Dentistas que lamentó la falta de financiación para el resto del sector, donde prestan servicio 23.000 clínicas independientes que también están en una complicada situación por la inflación y la crisis económica. “Todos estos autónomos no reciben ningún tipo de ayuda a pesar de estar al borde de la quiebra. Pero una mercantil que pertenece a un fondo de capital riesgo, que invierte millones en hacer publicidad en los medios de comunicación a pesar de estar atravesando una crisis financiera y que presenta un ERE para reducir su plantilla de empleados, es rescatada con 40 millones”, afirmaron en un comunicado.