Cs pide acciones contra el fraude sanitario de las aseguradoras británicas

La denuncia de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) sobre el fraude continuado de los seguros británicos en España ha hecho mella en el partido de Ciudadanos. Tal es así, que el partido de Albert Rivera ha solicitado al Gobierno que tome medidas para pararlo. 

Ciudadanos ha formulado hasta cuatro preguntas sobre el asunto a la Mesa del Congreso de los Diputados. Entre ellas pide conocer "qué medidas ha llevado a cabo el Gobierno ante el proceso de reclamaciones" y "si ha pedido explicaciones a las autoridades competentes en el Reino Unido, especialmente a la equivalente británica de la Dirección General de Seguros".

También solicita conocer "qué acciones pretende llevar a cabo el Gobierno para combatir este tipo de prácticas abusivas respecto a la sanidad española" y si "tiene previsto realizar alguna campaña a través de nuestro servicio exterior para combatir el desprestigio a nuestro sistema de sanidad, tanto público como privado, que conllevan estas prácticas abusivas". 

Denuncia de ASPE

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ASPE asegura que se producen entre uno y cuatro casos diarios de este tipo de fraudes

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En un reciente acto público, ASPE denunció que existen hasta 15  aseguradoras británicas que ofrecen pólizas de salud a sus asegurados que permiten el acceso únicamente a la cobertura pública, cuando se trata de un derecho adquirido de cualquier ciudadano de la Unión Europea.

El fraude consiste en ofrecer seguros sin contenido. Cuando un paciente tiene algún problema de salud, si contacta con la aseguradora, ésta le deriva automáticamente a un hospital público, con el consiguiente desprestigio del sistema privado español, pues la derivación se realiza con la excusa que éste carece de medios, que realiza prácticas fraudulentas y que los médicos incluso carecen de título, según denuncia ASPE.

En cambio, si la vía de entrada del paciente al sistema son las urgencias de un hospital privado, la compañía obliga a trasladarle a un público, aun cuando el paciente no es trasladable por su estado de salud.

Durante la presentación de la denuncia, ASPE mostró recortes de la prensa británica con casos de pacientes fallecidos por denegarles la asistencia que necesitaban u obligarles a una repatriación a Reino Unido por carretera o costeada por la familia.

ASPE calcula que hay entre uno y cuatro casos diarios con un coste estimado para el sistema de salud privado de entre 75 y 100 millones de euros. El impacto para el sistema de salud público se estima incluso superior. Según esta misma asociación en 2016 inició un proceso de reclamación pidiendo explicaciones a la Administración General y hasta seis comunidades autónomas con resultado infructuoso.

Según ASPE, tanto el ministerio a cargo de Asuntos Exteriores, como los que ostentan competencias en Sanidad y Economía se han inhibido o directamente no han emitido respuesta alguna.