Covid: la privada pide el uso regulado de sus servicios en una segunda ola

Día tras día el número de contagios de coronavirus Covid-19 crece en España, y algunos especialistas aseguran que nos encontramos ya en una segunda ola. Sin embargo, las consecuencias de la primera ya han tenido unos fuertes estragos para la sanidad privada ya que, según los cálculos de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), 2.400 centros sanitarios están abocados a la quiebra. 

No obstante, la patronal de la sanidad privada considera que esta cifra puede ascender a 5.000 de producirse una segunda ola y sin las medidas adecuadas. El secretario general de ASPE, Alfonso de La Lama-Noriega, asevera que es necesario regular la ayuda que preste la sanidad privada ante futuros rebrotes para evitar las duras consecuencias que puede tener una segunda ola en el sector.

"La sanidad privada estará al servicio de la lucha contra la pandemia, aunque es cierto que debe normalizarse esta colaboración y puesta a disposición, como han hecho otros países europeos para dar seguridad jurídica a los centros y hospitales", señala de La Lama-Noriega. 

ASPE reclama que esta regulación debería tener un efecto retroactivo. "Debe normalizarse también en cuanto a actuaciones pasadas, ya que a día de hoy en muchas comunidades autónomas no se ven materializadas las negociaciones y las buenas palabras de la Administración", apunta el secretario general de ASPE en referencia a las dificultades que se están encontrando para negociar con las CCAA una compensación económica por su actuación en los momentos duros de la pandemia.

Una puesta a disposición con condiciones

Otro de los aspectos que desde ASPE consideran necesario cambiar de producirse una segunda ola son los términos de puesta a disposición de los servicios sanitarios privados. "No debería ser una puesta a disposición totalmente abierta o incondicional, sino que debe adaptarse a la realidad de la necesidad y con la mayor información, diálogo y antelación posible", deslizan. 

Vía jurídica si las negociaciones fallan

El pago que reclama la sanidad privada por su acción en la primera ola es de 300 millones de euros, un dinero que según ASPE debe proceder de dos vías: "Las comunidades autónomas deben asumir el coste de la atención sanitaria a pacientes con Covid-19, mientras que el Ministerio de Sanidad debe asumir los costes de la puesta a disposición de los recursos de la sanidad privada".

Por el momento, solo Cataluña ha regulado la colaboración público-privada frente al coronavirus y ha establecido unas tarifas para compensar los diferentes servicios. Es por ello que desde ASPE se ha emitido un informe a los miembros de la patronal con la base jurídica para que puedan plantear acciones legales ante las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad para recibir la compensación económica debida.