Concepción Sáez sustituye a Gustavo Blanco al frente de Mugeju

Concepción Sáez ha sido nombrada gerente de la Mutualidad General Judicial (Mugeju). En su toma de posesión de esta semana, la letrada ha estado acompañada por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz.

De esta forma, Saez arranca una nueva etapa que buscará "mejorar la atención" que Mugeju presta a sus mutualistas, entre ellos la gestión de conciertos sanitarios a los empleados públicos. "Esa estrategia contribuirá a mejorar el servicio público que la administración de Justicia presta a la ciudadanía", ha manifestado el organismo en su página web en la que anuncia el relevo de Gustavo Blanco.

Concepción Sáez Rodríguez es licenciada en Derecho y Diplomada en criminología por la Universidad Complutense de Madrid en 1980, Diplomada en derecho de familia y abogada en ejercicio en el ICAM, hasta 1984.

Tras acceder por oposición al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en 1989, ha servido en diversos destinos judiciales, en concreto, en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Almansa (Albacete), Alcorcón (Madrid), Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), y en Madrid-capital, en el Juzgado de lo Penal nº 20, de lo Contencioso-Administrativo nº 1 y de Instrucción nº 37.

También ha desempeñado –desde 2007 a 2008- el cargo de asesora del Centro de Estudios Jurídicos.

Sonada renuncia como vocal del CGPJ

Desde mayo de 2011 y hasta la actualidad, venía ejerciendo las funciones de asesora de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial, compatibilizando este cargo, desde diciembre de 2013, con el de Vocal del Consejo General del Poder Judicial. Sáez era el único miembro del órgano de gobierno de los jueces designado a propuesta del partido Izquierda Unida (IU). 

En el caso de su puesto dentro del CGPJ, Concepción Sáez presentó su renuncia el pasado agosto por discrepancias con el Gobierno de Pedro Sánchez. La ahora gerente de Mugeju discrepó abiertamente con la decisión que el Gobierno había tomado a la hora de amparar al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la demanda interpuesta en Bélgica por los abogados de Carles Puigdemont.