ASPE rechaza el plan de Sanidad de suprimir el 'modelo Muface'

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha rechazado el Plan de Acción del Ministerio de Sanidad para la “Transformación del Sistema Nacional de Salud en la era post-Covid-19”.

Concretamente, la patronal de la sanidad privada quiere expresar su disconformidad con las medidas relacionadas las mutualidades y la desgravación fiscal.

Por ello, ha hecho las siguientes matizaciones:

• Existen más de 10,8 millones de asegurados en España, de los casi 2 millones pertenecen al fenómeno mutualista:  Muface cuenta con 1.180.899 asegurados, Mugeju con 79.731 e Isfas suma 560.342 asegurados.
• La Cartera de Servicios del mutualismo administrativo es la misma que la del Sistema Nacional de Salud. Se trata de un modelo que aporta eficiencia en la prestación de un servicio público, ya que el gasto per cápita de la población cubierta es sustancialmente inferior al gasto sanitario público per cápita.
• El gasto sanitario público per cápita de Muface es de 883 euros. Esto significa que mientras el gasto sanitario público medio por paciente se sitúa en 1.224 euros anuales, lo que supone a su vez un ahorro para las arcas del estado de 341 euros anuales por funcionario, es decir, de 682 millones de euros en total.
• Muface es un modelo de colaboración público-privado, contrastado, consolidado y eficiente. Una opción que actualmente es seleccionada por el 84 por ciento de los funcionarios.

“Hay que perder el miedo a la capacidad de elección de los ciudadanos. Además, pensamos que es un modelo altamente eficaz y que debería de extrapolarse a otros grupos funcionariales”, asegura Carlos Rus, presidente de ASPE.

Por otro lado, en cuanto a la propuesta del Gobierno acerca de eliminar la desgravación del seguro de salud, la patronal de la sanidad privada entendería esta medida como una agresión directa tanto al sector asegurador como al trabajador y un nuevo límite a las políticas empresariales de retribución flexible.

En este sentido, ASPE considera que privar a los ciudadanos de realizar un copago voluntario con el consiguiente ahorro que supone para el Estado, acabaría con uno de los modelos más asequibles de Europa incrementando el coste de los seguros y reduciendo la accesibilidad sanitaria.

La patronal no solo considera que debería de facilitarse dicha desgravación a las empresas que financian los seguros sanitarios, sino también a todas aquellas personas que cuenten con una doble cobertura sanitaria o que realicen un gasto que de por sí tienen cubierto en el sistema público.

“El Gobierno de un país democrático con un Estado de Bienestar como el español debería de ser valiente y confiar en sus ciudadanos sin coartar su libertad de decisión para seguir avanzando”, concluye Carlos Rus.