ASPE plantea que sacar a la privada de los conciertos sea inconstitucional

La privada plantea que excluir a las entidades con ánimo de lucro de los conciertos debe ser declarado inconstitucional. Y así se lo ha puesto de manifiesto la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) a la Defensora del Pueblo en su último encuentro.

Durante la reunión, los representantes de ASPE, encabezados por su secretario general, Carlos Rus, solicitado a Soledad Becerril la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2017 de la Comunidad Valenciana, sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario. De hecho, esta misma semana, la entidad procederá a la petición formal de la presentación de este recurso ante la Defensora del Pueblo, tal y como ha manifestado.

Derecho a la salud y a proteger la actividad empresarial

Para hacerlo, ASPE se ampara en el artículo 43 de la Constitución Española, donde se reconoce el derecho a la protección de la salud y donde se señala que compete a los poderes públicos organizar y titular la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Además de esto, en el artículo 41 (“de indudable conexión temática con el artículo comentario”, incide la patronal) la Constitución establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.

Asimismo, la organización también recuerda que “nuestra Carta Magna legitima la actividad empresarial privada, reconociendo en su artículo 38 la libertad de empresa en el marco de la economía, y obliga a los poderes públicos a garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.

“Esta ley va en contra de la libre circulación de servicios”

En opinión de la patronal, “haciendo una injustificada transposición de una directiva europea, esta ley busca excluir a las entidades con ánimo de lucro de los conciertos, algo contrario a los principios de derecho europeo de libre circulación de servicio y de apertura a la competencia no falseada y más amplia posible”. Pero no solo eso. ASPE cree además que “la Ley General de Sanidad no prevé la posibilidad de excluir a estas entidades a los efectos de establecimiento de conciertos sanitarios”, por lo que esta nueva ley “infringe la normativa básica del Estado”.

Según ASPE, “a pesar de los continuos ataques que recibe por parte de ciertos sectores”, el sector sanitario privado “contribuye de manera significativa al desarrollo de nuestro país”, por lo que debe ser “un aliado estratégico incuestionable” de la sanidad pública para el sostenimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS). “La reciente crisis económica y la actual crisis política han hecho que, en muchos casos, se estigmatice el papel de la privada, presentándola como una enemiga de la sanidad pública y estableciendo en cada vez más comunidades, tanto ideológicas como legales”, manifiesta.