ACES celebra que se “frenen las irregularidades” de Barnaclinic

Redacción. Barcelona
La patronal sanitaria privada ACES apoya la decisión de la Comisión de Salud del Parlamento de Cataluña que a petición de Ciudadanos (C's) ha conseguido que todos los grupos: ERC, Ciudadanos, PP, ICV y CUP, con la abstención de CiU, den apoyo a frenar las “irregularidades” de Barnaclínic. La comisión ha aprobado la suspensión de la actividad del centro mientras el Departamento de Salud realiza una inspección en la clínica privada (Barnaclínic).

Cristina Contel.

En mayo de 2014 ACES demandó judicialmente a Barnaclínic y al Hospital Clínic por  abanderar un modelo de prestación sanitaria que consiste en la realización de actividad sanitaria privada en entidades sanitarias públicas, utilizando recursos materiales, económicos y humanos financiados con cargo al presupuesto de la sanidad pública que pagan todos los ciudadanos para poder utilizar sin restricciones económicas el acceso a la sanidad; tal y como garantiza nuestra legislación. Tras reiterados intentos infructuosos para reconducir esta situación, la patronal celebra que la Comisión de Salud del Parlamento de Cataluña haya recogido, en este concreto sentido, la petición planteada por la diputada Carme Pérez de (C's) para que cese la actividad privada en Barnaclínic hasta que la inspección del CatSalut resuelva este caso.

Según ha señalado Cristina Contel, presidenta de ACES, “esperamos que el resultado de la inspección aprobada por la Comisión de Salud del Parlamento, sirva para reconducir las condiciones legales de competencia que garantizan nuestras leyes, propias de un estado de derecho. Todos los agentes sanitarios son necesarios y complementarios pero resulta imprescindible aclarar, definir y hacer transparentes las reglas del juego entre entidades públicas y privadas. Para evitar, como en el caso de Barnaclínic, el aprovechamiento de la reputación del Hospital Clínic, sus profesionales, los recursos materiales y la confusión del ciudadano para crear una situación discriminatoria que perjudica a los ciudadanos con menos recursos, al sector sanitario privado en Cataluña y al resto del territorio español”.

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