"Buena disposición" de Sanidad a abordar con la privada la Ley de Equidad

Uno de los proyectos normativos pendientes para este curso político y que afecta a la sanidad es la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión. Esta iniciativa 'estrella' de la ministra Carolina Darias marca como objetivo “blindar” la sanidad pública y que prioriza este modelo, algo que criticó el sector de la sanidad privada al considerarlo "un ataque" a su flotación. Tras unos meses de conversaciones, hay "buena predisposición" por parte de Sanidad para llegar a buen puerto con la sanidad privada en cuanto a este proyecto normativo.

Según ha podido saber Redacción Médica de fuentes de la sanidad privada, con las fiestas navideñas se paralizó la interlocución con el Gobierno con esta nueva Ley, si bien, se prevé que se reanude en las próximas semanas llegando ya al mes de febrero. "Su predisposición es buena", señalan.

El Consejo de Ministros aprobó en el mes de junio de 2022 el anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el que el Gobierno marca como objetivo “blindar” la sanidad pública y que prioriza este modelo. La sanidad privada señaló que se con ella se pretendía convertir los conciertos a la privada en algo "excepcional".

Ley de Equidad: "blindar" la sanidad pública

Tal como detalló en su día la ministra de Sanidad, el objetivo del Gobierno es hacer que el modelo de gestión "preferente" a partir de ahora será "directo", es decir, lo realizado directamente por las administraciones públicas. Aun así, ha apuntado que también se establecen excepciones para que la gestión de los centros sanitarios sea "indirecta", es decir, a través de modelos privados, pero solo como "complementaria y de apoyo". "Nunca sustituiría a la pública", aseguró Darias.

Las CCAA y la Ley de Equidad

Las comunidaes autónomas mostraron su desacuerdo con la normativa. Entre las voces más críticas destacan las de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, desde donde sostienen que no pueden “aceptar un nuevo marco legislativo que puede vulnerar las competencias transferidas y, por tanto, la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, especialmente en términos organizativos y de gestión del sistema sanitario público”.

Alertaron que “la limitación a poder complementar la prestación sanitaria concertando con el sector privado no es sostenible para el sistema como lo demuestran los diferentes estudios de cargas de trabajo, disponibilidad de recursos y de sostenibilidad económica que ya están apareciendo en diversos medios”.

A ello hay que sumarle el “daño” que la norma infringiría a la iniciativa empresarial y los puestos de trabajo generados por la sanidad privada. No solo eso, sino que además se produciría una “invasión de la libertad de mercado y elección del ciudadano que confiere equilibrio al sistema, permitiendo la colaboración público-privada”.

No obstante, el Gobierno va a retomar estos días las conversaciones con el sector y los grupos parlamentarios para poder llegar a acuerdos sobre esta ley.