Alberto Catalán, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), firma estas iniciativas.
El partido navarro
UPN planea presentar
tres enmiendas de modificación al proyecto de ley de la
Agencia Estatal de Salud Pública (AESP). Con el fin de “mejorar la colaboración en salud pública”, la formación sugiere trabajar mano a mano con la red de oficinas de farmacias y propone que los centros sanitarios suministren datos a la AESP para “aprovechar al máximo la información generada”. Junto a estas cuestiones, añade
una enmienda de adición para incluir una disposición que garantice el respeto a las
competencias de las autonomías.
Según han adelantado fuentes de UPN a
Redacción Médica, su intención es la de presentar estas enmiendas ante la
Mesa de la Comisión de Sanidad “cuando vaya a finalizar el plazo sobre el
proyecto de ley de la AESP”, es decir, antes del próximo
miércoles 10 de abril. La primera enmienda propuesta por UPN se centra en el segundo artículo del proyecto de ley, que define los
fines generales de la AESP.
Según detalla la formación, es “prioritario” reforzar la
colaboración con la
red de oficinas de farmacia, que cuenta con más de 55.000 farmacéuticos en todo el territorio. Por este motivo, UPN considera que se debe “aprovechar el potencial de estos colaboradores estratégicos en salud pública, su amplia
implantación territorial y los marcos de colaboración ya vigentes”. En concreto, propone que el proyecto reconozca “expresamente” que se refuerce la
coordinación “no solo con los servicios asistenciales, sino también con los centros y establecimientos sanitarios colaboradores
en materia de salud pública”.
Suministro de datos sanitarios
La segunda enmienda que presenta la formación se refiere al artículo 6 del proyecto de ley, que establece la
obligación de suministrar datos a la
Agencia Estatal de Salud Pública. En este sentido, UPN solicita que este proyecto de ley sirva para constituir “servicios de
inteligencia epidemiológica, capaces de procesar e integrar toda la información colaborativa oportunamente, permitiendo la toma de decisiones rápidas y anticipatorias”.
Para ello, propone que se incluya entre los sujetos obligados a proporcionar documentación en materia sanitaria a la AESP a los “centros, servicios y establecimientos sanitarios identificados como
colaboradores de las administraciones en materia de salud pública”, con el fin de garantizar que “la futura Agencia aprovecha al máximo la
información de calidad generada en dicha cooperación”.
En ese mismo marco, UPN presenta también una
enmienda de modificación al apartado sexto del artículo 8, y añade una disposición adicional para pedir que se aborde dicha “obligación”. Con ese fin, la formación sugiere que es necesario
recoger detalladamente en el proyecto de ley
qué sujetos estarán comprometidos a proporcionar datos, “en especial a la AESP”, pero también a al resto de autoridades y colaboradores en esta materia.
Respeto de las competencias sanitarias
Por último, UPN añade también una
disposición adicional para garantizar el
respeto a las competencias autonómicas en materia de salud. “La presente ley se aplicará sin perjuicio a las competencias en materia de Sanidad que correspondan a las Comunidades Autónomas”, recoge el documento.
Se trata de una medida que, según justifica la formación, busca
aclarar el ámbito de aplicación de la ley, así como garantizar una coordinación efectiva entre el ámbito estatal y autonómico en la gestión de la salud pública.
El marco competencial ya había supuesto un problema para
PNV y
Junts, que habían presentado
enmiendas a la totalidad, solicitando la
devolución de la ley de la Agencia de Salud Pública. A pesar de ello, ambos partidos decidieron
retirar esta petición tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para “definir” y “aclarar” la norma presentada por el Ejecutivo.
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