Siete de cada diez abortos en 2020 se financiaron con fondos públicos

El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha excusado este jueves el escaso número de interrupciones voluntarias del embarazo que practica que realiza la sanidad pública. Según ha defendido, ello se debe a que su Gobierno respeta la legalidad vigente, recogida en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y que recoge la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

“Es un derecho fundamental y protegido por la Constitución”, ha dicho Escudero, quien ha acusado a los partidos de izquierda de querer eliminarlo. Además, ha insistido en que en la Comunidad de Madrid, desde la entrada en vigor de la última normativa que regula el aborto en España, ha realizado más de 200.000 intervenciones, de las cuales el 76 por ciento se financiaron con fondos públicos, lo que viene a ser siete de cada diez, bien mediante su realización en centros públicos o derivación en clínicas privadas.

Así ha contestado el consejero durante su intervención en la Asamblea de Madrid a la pregunta realizada por Paloma García, de Unidas Podemos, quien ha acusado al Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso de que solamente se han hecho un total de 3 intervenciones en centros públicos en 2020, frente a las 14.251 practicadas en el ámbito privado. También ha puesto de relieve la presión y el acoso que sufren las mujeres por parte de “fundamentalistas religiosos” que acuden a abortar a los centros privados.

Ante estas palabras, Escudero ha señalado que desde la izquierda “dan a entender que el aborto es un método anticonceptivo” cuando en realidad se trata de un proceso quirúrgico “de riesgo”. En este sentido, ha destacado que su departamento trabaja en planificación familiar porque el 41 por ciento de las mujeres que abortan en Madrid lo han hecho en dos o más ocasiones. “Esto es preocupante”.

Madrid estudia extender la PrEP a todo el Sermas

La Comunidad de Madrid se encuentra estudiando la posibilidad de extender la dispensación de la profilaxis pre exposición (PrEP) a la totalidad de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud, para lo que tendrían que elaborar un protocolo, que sea aplicable a todos ellos.