La ministra de Sanidad, Mónica García.
El Gobierno prevé llevar a cabo "a lo largo del presente ejercicio" la modificación normativa que permitirá que la
innovación incremental de los medicamentos sea “reconocida y valorada” en el
Sistema de Precios de Referencia y “en el seno de la
Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM)”. Lo ha anunciado en una respuesta a una pregunta escrita del Grupo Parlamentario Republicano en el Congreso al respecto. Con ello, se dará respuesta a una demanda de la
industria farmacéutica y también del espectro político.
El Ejecutivo encabeza su contestación afirmando que “comparte el objetivo de
reconocer la innovación incremental de los medicamentos en el Sistema de Precios de Referencia”, en base a lo cual ya tomó medidas la pasada legislatura. Por un lado, incluyó una disposición adicional a la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, para tener la potestad de promover “las medidas legales oportunas que permitan modificar el Sistema de Precios de Referencia introduciendo elementos que incrementen la competencia y valoren las aportaciones que suponen un
beneficio incremental en la utilización de medicamentos”, algo que “forma parte de las medidas previstas en la reforma 5 del componente 18 del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.
Además de ello, también en 2022, el
Ministerio de Sanidad sometió a consulta pública el
Anteproyecto de Ley para modificar el Real Decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, cuyo artículo 98 regula el Sistema de Precios de Referencia. Es este artículo que se pretende modificar para “dotar de flexibilidad” el sistema y asegurar el “reconocimiento” propia de la innovación incremental.
¿Qué piden los partidos y la industria farmacéutica?
En febrero, el
PP registró una moción en el
Senado en la que instaba al Gobierno a otorgar a la CIPM la potestad de
fijar una cuantía individual para los fármacos que representen una innovación incremental de interés para el Sistema Nacional de Salud (
SNS). Es algo que el sector farmacéutico viene pidiendo que se incluya en la
reforma de la Ley de Garantías, que aún no se ha culminado pese a que desde Sanidad se anunció, en enero de 2023, que su intención era tenerla aprobada en diciembre.
Dos semanas después de que el PP registrara su propuesta, fuentes del departamento de
Mónica García trasladaron a
Redacción Médica que se estaba trabajando para “incluir una
flexibilización o exención en el Sistema de Precios de Referencia en productos cuya innovación incremental redunde de forma objetiva en una mejora para los pacientes o una
ventaja estratégica para el SNS”. Ahora, la respuesta parlamentaria del Gobierno hecha pública este lunes ha marcado un horizonte temporal para hacerlo efectivo.
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