Sanidad camina hacia un registro coordinado de objetores de conciencia

El Ministerio de Sanidad trabaja para coordinar “todos los registros existentes” sobre objeción de conciencia para practicar abortos a través de un “consenso con todas las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa)”. En una respuesta parlamentaria a una pregunta escrita de Podemos, a través del Grupo Mixto, en Moncloa resaltan la dificultad que entraña la tarea dado que en la Administración General del Estado (AGE) no existe un registro unificado.

El Gobierno recuerda que, tradicionalmente, han sido los colegios profesionales médicos de cada provincia los que se han encargado de gestionar la objeción de conciencia sobre interrupciones de embarazo. En este sentido, indica que, actualmente, los colegios en los que existe dicho registro son los de Madrid, Toledo, Baleares, Jaén, Málaga, Castellón, Navarra, Alicante, Salamanca y Segovia. Sin embargo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) ha comunicado a Moncloa que no posee estadística alguna al respecto.

En cuanto a las comunidades autónomas -que son las que tienen las competencias para llevar a cabo esta práctica, según insisten en el Ejecutivo-, se detalla que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en 2010, y el Gobierno Foral de Navarra establecieron su propio registro oficial de objetores de conciencia.

Al margen de ello, Cantabria dio luz verde en febrero a una nueva base de datos de sanitarios que rechacen participar en interrupciones voluntarias del embarazo, incluyendo tanto el ámbito público como el privado. En el caso de Cataluña, la CUP registró una Proposición de Ley en el Parlament de Catalunya que propone prohibir la objeción de conciencia individual e institucional de los sanitarios, algo que, entre otras cosas, no hace sino evidenciar la disparidad de criterios regionales sobre la práctica abortista.

“Por su parte, el Ingesa cuenta con registros internos de objetores de conciencia en cada una de las Áreas Sanitarias de su ámbito competencial”, subrayan desde el Ejecutivo. En este sentido, y ante el interés de Podemos sobre qué hospitales públicos tienen profesionales que puedan hacer interrupciones voluntarias de trabajo, se indica que el Hospital Universitario de Ceuta “contaría con un número de profesionales suficientes” para ello. Sin embargo, en el Hospital Comarcal de Melilla ese servicio está externalizado. En cuanto al resto de hospitales, el Gobierno insiste en que son las comunidades autónomas las que tienen los datos.

Choque parlamentario en torno al derecho al aborto

Recientemente, Vox registró una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso para blindar la objeción de conciencia tanto en abortos como en casos de eutanasia. En la propuesta, que se debatirá en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja, la fuerza de David García Gomis insta al Gobierno a “no obligar” a ningún médico o enfermera a tener que inscribirse en los registros de objeción de conciencia para que no sean “privados de la posibilidad de continuar su labor de asistencia” a todos sus pacientes.

Se trata de una intención que contrasta con la del Ministerio de Sanidad, uno de cuyos objetivos es el refuerzo del derecho al aborto, según avanzó su titular, Mónica García, en el marco del pasado Día Internacional de la Mujer. La ministra indicó que se llevaría al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) un protocolo centrado en mejorar tres aspectos relativos a la interrupción del embarazo: el acceso, el método y las derivaciones.

La reforma de la ley del aborto no obliga a practicarlos

El 16 de febrero de 2023, el Congreso de los Diputados aprobó la reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, una de las principales medidas impulsadas desde el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. La propia extitular del ramo ya había manifestado previamente en la Cámara Baja que uno de los objetivos de dicha modificación normativa era asegurar que "en todos los hospitales públicos" españoles hubiera "personal suficiente para practicar interrupciones voluntarias del embarazo, respetando por supuesto el derecho de objeción a la conciencia”.

Sin embargo, fuentes del Instituto de las Mujeres, organismo dependiente de Igualdad, explicaron a Redacción Médica que la norma ni garantiza ni obliga a hacer abortos. "No especifica que en todos los servicios públicos se practique la interrupción voluntaria del embarazo, pero sí deben proporcionarte el acceso”, detallaron.