Reforma legal anti-opacidad para contratos públicos con pymes sanitarias

El Congreso de los Diputados abordará la posibilidad de dotar a las pequeñas y medianas empresas, incluidas las sanitarias, de nuevas herramientas que les permitan disponer de un mayor control sobre su participación en la compra pública. El debate se producirá a instancias del PSOE, que ha registrado en la Cámara Baja una Proposición de Ley para modificar la normativa sobre transparencia en este tipo de contrataciones.

La formación socialista apela a la necesidad de promover una mayor participación de las pymes en las operaciones de contratación pública. Incide al respecto en que, aunque se trata de algo “esencial para la actividad económica de los países miembros de la Unión Europa”, el porcentaje de licitaciones adjudicadas a estas compañías fue solo del 29,45 por ciento (con datos de 2017) a pesar de que representan el 99,8 por ciento del tejido empresarial español. 

En su Proposición de Ley, que lleva la firma de la diputada Rafaela Crespín, el grupo socialista atribuye esta situación entre otros factores a la falta de control económico de las pymes a la hora de “medir” el impacto de las contrataciones públicas. “Es preciso elaborar instrumentos necesarios para efectuar un seguimiento adecuado del grado de participación e las pymes en el sistema de contratación, en línea con la propia Ley de Contratos del Sector Público de lograr una mayor transparencia en la contratación pública”, recalca.

Transparencia en las contrataciones públicas

En este sentido, aboga por que las pequeñas y medianas empresas sanitarias dispongan de “datos que les permitan analizar la situación en cuanto a la adjudicación de contratos públicos”. “Parece necesario, ante la escasez de datos de participación de las pymes en la contratación pública, plantear una modificación de la Ley con el objetivo de hacer pública aquella información estadística referida a las categorías de empresas que tratamos”, concluye.

En concreto, el grupo socialista defiende modificar el primer apartado del artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, sobre la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de forma que recoja que los participantes en los procesos de contratación deban hacer pública, “como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria”.

Es decir, todos los contratos con su indicación del objeto, duración e importes de licitación y adjudicación, así como el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que se ha publicitado, el número de licitadores participantes y la identidad del adjudicatario.

“Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público”, defiende.