Primer paso hacia la ley que cambiará la contratación pública en sanidad

El Gobierno no tendrá que plantear un nuevo texto de la Ley de Contratos del Sector Público como le pedía el grupo parlamentario Unidos Podemos. Esta norma, que traspone una directiva europea, incluye la eliminación de la figura de contratación público-privada en sectores como el sanitario además de plantear medidas contra la corrupción y de impulsar la presencia de las pymes en la contratación.
 
La formación morada había presentado una enmienda a la totalidad para forzar su debate en el pleno y tratar que el Gobierno tuviera que presentar un nuevo proyecto. La trasposición de la normativa europea se tendría que haber hecho en 2016. Por este motivo todos los grupos han votado en contra de la enmienda, salvo Esquerra Republicana de Catalunya que se ha abstenido y Podemos que ha votado a favor. Ahora la norma seguirá su tramitación en la Comisión de Hacienda del Congreso donde, según lo expresado por los portavoces en el debate del pleno, todos los grupos presentarán enmiendas parciales.
 

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Unidos Podemos: "La corrupción sobrevive mucho más en textos oscuros y farragosos"

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Las principales dudas de la oposición pasan por si esta norma será útil para combatir la corrupción y si se asegura que las pymes tendrán un mayor acceso a los contratos públicos. Ante un pleno prácticamente vacío, Auxiliadora Honorato, del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha criticado la forma del texto ya que "la corrupción sobrevive mucho más en textos oscuros y farragosos".
 
Una crítica similar ha hecho el diputado de Ciudadanos Fernando Navarro que ha criticado el discurso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por "haber tejido un tono de aburrimiento que ha mandado a los más prudentes a la cafetería y los que nos hemos quedado nos ha dejado catatónicos". Entre las propuestas de Navarro está desarrollar una autoridad de regulación del mercado de la contratación pública y un portal de contratación pública como medidas para impulsar la transparencia.
 
El ministro había hecho de la transparencia uno de los argumentos de su discurso, aludiendo a que "cuánto mayor sea la transparencia más difícil será que haya procesos de corrupción como los que desgraciadamente se han vivido en los últimos años". Además, ha destacado que la ley introducía mecanismos para agilizar la contratación pública, entre ellos el desarrollo de un proceso de contratación por medios electrónicos que garantizará la "publicidad para que se presenten todos los que lo deseen".
 
Un punto que ha criticado la diputada del PSOE María Jesús Serrano al afirmar que el proyecto de ley "no es bueno" ya que una norma de estas características "debería tener la garantía de publicidad y transparencia que exige una actuación cristalina en la gestión de los servicios públicas" para luchar contra la corrupción. Por eso, ha criticado que el Gobierno no haya introducido cuestiones "resueltas por los tribunales" sobre transparencia para evitar "vías de escape que propicien la discrecionalidad y arbitrariedad".
 
Órganos de control  
 
Asimismo, el ministro ha señalado que se creará un comité de cooperación pública entre el estado, las comunidades y las entidades locales. No obstante, Podemos ha solicitado que se creara "un comisionado no vinculado Hacienda y dependiente de las cortes" para garantizar la independencia de sus decisiones.
 
Los partidos nacionalistas se han mostrados preocupados porque se use la trasposición como una excusa para "cercenar competencias a las comunidades autónomas", como ha criticado Ferrán Bel Accesi, diputado del Partido Democrático de Cataluña en el Grupo Mixto. Una preocupación que también ha transmitido la diputada del PNV Idoia Sagastizabal.
 
Presencia de pymes
 
En su defensa de la ley, el ministro ha destacado que se podrán dividir los contratos en lotes para "que puedan acceder empresas más pequeñas" y que se "introducen criterios ambientales y sociales" en los criterios para desempatar entre dos ofertas. La diputada de Esquerra Republicana de Cataluña Teresa Jordá ha criticado este punto y ha señalado que, al contrario de los expresado por Montoro, "la ley pretende blindar los beneficios de las grandes empresas y de los oligopólicos".
 
El último intervenir ha sido José Vicente Marí, diputado del PP, que se ha visto interrumpido en varias ocasiones ante el rumor que generaban los diputados ausentes según iban entrando en el hemiciclo para votar cuando acabara de hablar. El 'popular' ha señalado que "el retraso en la ley no se debe al Gobierno sino a los 10 meses del «no es no»". El diputado ha criticado que Podemos haya presentado una enmienda a la totalidad sin un texto alternativo: "Tras anunciarnos todos los males, no han propuesto un remedio".