Primer aval del Congreso al 'infojobs' público con empleos sanitarios

El Congreso de los Diputados ha allanado el camino para la creación de la nueva Agencia Española de Empleo que recogerá las vacantes laborales de todos los sectores, incluida la sanidad, como una suerte de ‘infojobs’ público. Los grupos han rechazado la enmienda a la totalidad presentada por Vox contra la futura Ley de Empleo, que servirá para dar pie a esta nueva herramienta. Ahora, el proyecto liderado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, deberá superar una nueva fase de negociación parlamentaria con las aportaciones particulares de cada uno de los grupos.

La formación de Santiago Abascal se ha quedado sola en su órdago a la nueva normativa que permitirá reformar el actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Solo sus 50 diputados han votado a favor de devolver la normativa. Otros 292 han apostado por continuar con su tramitación parlamentaria, incluido el Partido Popular. Aunque todos han anunciado enmiendas parciales con las que tratarán de pulir algunas partes del texto.

El anteproyecto que se aprobó en junio por el Consejo de Ministros está dirigido a adaptar el modelo de orientación de empleo a los requisitos europeos. Una de las principales novedades es que todas las empresas y sectores estarán obligados a comunicar sus nuevas ofertas laborales para que tengan acceso los ciudadanos. Además, también se han incluido medidas destinadas a mejorar las tasas de intermediación, empleabilidad o la cartera de servicios de empleo.

La iniciativa ha sido duramente contestada por la bancada del centro-derecha, que ha advertido a la ministra sobre la falta de más medidas concretas para mejorar los niveles de desempleo. El Partido Popular ha propuesto planes dirigidos al colectivo de mayores de 45 años que están en el paro, mientras que Ciudadanos ha reclamado nuevos sistema de perfilado estadístico, más evaluación de las políticas o acabar con los fraudes en los cursos de formación.

Los límites competenciales amenazan la Ley de Empleo

Buena parte del resultado de la votación definitiva estará marcado por la posición de los grupos nacionalistas y regionalistas. El Partido Nacionalista Vasco (PNV), uno de los más críticos con el anteproyecto, ha accedido a última hora a retirar su propia enmienda a la totalidad a cambio de negociar medidas con el Gobierno para proteger las competencias autonómicas. “No solo su disposición al diálogo, sino también al acuerdo es lo que nos ha conducido a un entendimiento a la hora de plasmar las enmiendas parciales”, ha expresado Íñigo Barrandiarán.

La centralización de algunas políticas o la falta de medidas concretas para abordar los problemas de la despoblación o de los territorios insulares también han despertado dudas entre formaciones como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), EH Bildu, el PDeCAT, Coalición Canaria o Teruel Existe que preparan un intenso debate en la siguiente fase en el Congreso de los Diputados.