Podemos veta conciertos a la privada con personal que ejerza en la pública

Unidas Podemos amaga con tumbar la Ley de Equidad a su paso por el Congreso de los Diputados. El socio minoritario de la coalición ha comunicado al Partido Socialista que se sumará a los grupos de la oposición si no llegan a un “acuerdo previo” antes del jueves para modificar el texto aprobado por el Ministerio de Sanidad. Sobre la mesa ya ha colocado una batería de 11 enmiendas con las que pretende poner más “límites” para la activación de los conciertos sanitarios tanto en la duración como en el personal contratado. 

Una de las grandes novedades de su propuesta es la introducción de un veto a las adjudicaciones, conciertos o colaboraciones en aquellas entidades privadas que “empleen a personal sanitario que simultáneamente se encuentre prestando servicios para el sector público de gestión directa”, según el texto al que ha accedido Redacción Médica. Esta realidad salpicaría a los profesionales que compaginan ambas funciones.

La propuesta, firmada por Pablo Echenique y Rosa Medel, ha incluido esta nueva condición como un mecanismo para evitar la “derivación fraudulenta de pacientes del ámbito privado concertado al público” como resultado de una “carencia de inversión en medios materiales y recursos humanos” entre las empresas que logran contratos con la administración.

Unidas Podemos también ha plasmado por escrito uno de los criterios para conceder adjudicaciones en los que llevaba meses trabajando: la duración máxima será de doce meses y solo se aprobarán bajo circunstancias de  “urgente necesidad”. “La externalización de los servicios deberá ajustarse al tiempo estrictamente necesario para resolver las razones que la justifican, y no podrá ser superior a un año de duración”, reza la propuesta normativa. 

Las enmiendas de Unidas Podemos pretenden evitar de esta manera que se concedan conciertos con “vocación de permanencia” en hospitales, centros de Atención Primaria o ambulatorios. “Debe entenderse que cualquier servicio sanitario ha de ser considerado estructural y su prestación debe hacerse por medios propios de los servicios públicos de salud”, han apostillado en su justificación de motivos.

Nuevos ratios pacientes de pública y privada

Otro de los puntos clave que afectarán a la gestión de las compañías del sector privado es que si se acepta una de las enmiendas de Unidas Podemos, a partir de ahora deberán ceñirse al mismo nivel de ratios por pacientes que la pública si quieren acceder a algún concierto. “Es necesario que la coordinación y la planificación de la prestación de asistencia sanitaria pública incorpore criterios de distribución equitativa de carga de trabajo entre los centros propios y los centros privados”, han apostillado.

El texto ha apuntado en ese sentido que la Atención Primaria deberá establecer un cupo máximo de un profesional por cada 1.500 personas adultas y 1.000 en edad pediátrica con un margen de maniobra del 10 por ciento por cada unidad básica. Mientras que la demora para ser atendido no podrá superar las 48 horas desde la solicitud de la cita.

Paralelamente, la formación morada también ha solicitado que se permita a las comunidades autónomas llevar a cabo “procesos de desprivatización” para revertir la gestión indirecta de los servicios sanitarios. Mientras que ha instado a la administración a publicar de manera “accesible y comprensible” la información relativa a los conciertos, incluyendo su modalidad y el tiempo establecido.

Los cambios de Unidas Podemos en la universalidad sanitaria

Más allá de los conciertos con la sanidad privada, la batería de enmiendas de Unidas Podemos también ha incluido cambios en otros aspectos de la ley impulsada por Carolina Darias para reforzar el carácter de universalidad de la sanidad, como la inclusión de todos los menores, mujeres embarazadas, apátridas o personas con enfermedades crónicas dentro del listado de ciudadanos con derecho a protección de la salud en España.

La formación morada también ha solicitado a su socio en el Gobierno de coalición que facilite a los españoles retornados al país la asistencia sanitaria sin presentar ningún tipo de petición previa sobre los motivos de su viaje. O que incorpore al articulado del texto referencias al derecho a la eutanasia o a la interrupción libre del embarazo.

Ultimátum de 72 horas para salvar la Ley de Equidad

Con todos estos ingredientes sobre la mesa, Unidas Podemos ha comunicado al PSOE que tiene de margen hasta el jueves para tratar de alcanzar un pacto sobre la Ley de Equidad que blinde los “límites reales y no solamente retóricos a la privatización”. “Se las ha remitido al PSOE para que las pueda estudiar y ha comunicado al socio de coalición que su voto en contra a las enmiendas a la totalidad que se votan este jueves en el Congreso no está garantizado si no se alcanza algún tipo de acuerdo previo”, han apuntado.

El socio minoritario persigue con todas sus reformas poner fin al marco normativo que estableció el Gobierno de José María Aznar en 1997 y que representó un “auténtico desastre para la sanidad pública”. “Si no tenemos una garantía real de que se revierte el camino de la privatización, no podemos apoyar esta ley”, ha anunciado la portavoz de la Comisión de Sanidad, Rosa Medel.

Si no hubiera un acuerdo en la coalición en los próximos días, la formación morada podría sumarse al bloque de la oposición a la normativa. Teniendo en cuenta que formaciones como Ciudadanos, Vox, Junts o PDeCAT ya han solicitado la devolución del texto, el grupo socialista se vería obligado a solicitar el apoyo del Partido Popular para sumar los apoyos suficientes.