Pablo Echenique y Rosa Medel.
PSOE y Unidas Podemos mantienen el pulso en torno a una
Ley de Equidad que ha vuelto a evidenciar sus diferencias sobre el papel de la privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Los morados, que sumaron apoyos para salvar el proyecto de la quema en el debate de las enmiendas de totalidad, asumen que tendrán que
“ceder” para alcanzar acuerdos con sus socios en el Gobierno central, pero siguen enrocados detrás de una línea roja: “Un área sanitaria no puede ser
gestionada de forma indirecta”, concluyen. Su apoyo a la Ley dependerá de cómo se integre esta idea en el texto definitivo.
Los portavoces sanitarios de Unidas Podemos en el Congreso mantienen su confianza en que las negociaciones con el PSOE culminen en acuerdo que permita sacar delante esta Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, a la que
presentaron 11 enmiendas parciales. Limitar la
duración de los conciertos a un año o vetar contrataciones con empresas que tengan en plantilla a personal de la sanidad pública constituyen algunas de las principales demandas de la formación morada, que asegura estar dispuesta a facilitar el pacto con algunas “concesiones”.
"Tendremos que ceder en algunos puntos, pero un área sanitaria y todo lo que de ella dependa no puede ser gestionada de forma privada"
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“Es evidente que
tendremos que ceder en algunos puntos”, destaca Rosa Medel, responsable de Unidas Podemos en la Comisión de Sanidad del Congreso, que sin embargo insiste en esa
“línea roja” de la que no se van a mover. “Un área sanitaria y todo lo que de ella depende no puede estar gestionada de forma indirecta. No apoyaremos una Ley que lo recoja”, advierte en declaraciones a
Redacción Médica.
“Ordenar” la sanidad privada sin excluirla
Siguen sin convencer en el seno de Unidas Podemos las explicaciones del grupo socialista, que insiste en que el proyecto de Ley de Equidad “cumple con algunos de los compromisos más importantes del Gobierno” como el referido a la “ampliación de los derechos de la ciudadanía y el
fortalecimiento del SNS”.
La propia
Carolina Darias, ministra de Sanidad, defendió en la Cámara Baja las bonanzas de una norma que, apuntó, permitirá “fortalecer la sanidad pública a través de la gestión directa”. Es un modelo maduro que reconoce la pluralidad de las autonomías y
facilita un diálogo constante”, alegó.
Desde la bancada socialista insisten en que la Ley no erradica la gestión privada en el Sistema Nacional de Salud, pero sí
"la regula y la ordena". “Estamos ampliando derechos, blindando la sanidad pública y estableciendo un modelo de gestión que no excluye la indirecta”, apuntan.
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