Podemos pide al Gobierno más peso de la sanidad pública en el aborto

La interrupción voluntaria del embarazo no es solo un derecho para las mujeres españolas, sino que además está incluida en la cartera de servicios básicos del Sistema Nacional de Salud (SNS), por lo que cualquier ciudadana que lo desee puede acceder de forma gratuita al aborto. Sin embargo, pese al reconocimiento normativo, menos del 20 por ciento de las intervenciones de este tipo que se realizan en España tienen lugar en centros sanitarios públicos.

Este es uno de los motivos que ha llevado a Unidos Podemos a presentar una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para, entre otras cosas, que los centros del SNS tengan más peso en el la interrupción voluntaria del embarazo de las españolas y así puedan “ejercer sus derechos en un entorno público”, explican. Y es que, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad sobre el aborto, más del 80 por ciento de  estas intervenciones se realizan en clínicas privadas.

Esto no significa que las españolas elijan pagar para interrumpir su embarazo, sino que muchos servicios regionales de salud deciden externalizar estos servicios. De esta forma, las mujeres que desean abortan lo hacen de forma gratuita en centros privados, algo que, según Podemos, aumenta los costes de estas intervenciones y repercute negativamente en las arcas públicas.

Por ello, desde la formación morada reclaman que la sanidad pública tenga más peso a la hora de ofrecer la interrupción voluntaria del embarazo, ya que “es un derecho” para todas las españolas. Para este fin, solicitan a través de esta PNL la creación de un equipo de trabajo en el Consejo Interterritorial del SNS que defina un procedimiento estandarizado de internalización de la prestación, donde se recojan los estándares mínimos e ideales que se tendrán que cumplir para la introducción del aborto en los proveedores públicos.

Este grupo de trabajo estaría encargado de crear una memoria económica de los costes que supondría esta internalización para el sistema público, establecer los estándares de calidad de esta prestación en el SNS y los requerimientos formativas necesarios para los profesionales que realicen las interrupciones del embarazo, así como el procedimiento de acreditación de esta formación.

Poder de decisión para las menores

Esta PNL también introduce la necesidad de que sean las mujeres embarazadas de 16 y 17 años las que tengan el poder de decidir sobre su aborto, tal y como recogía la Ley Orgánica 2/2010 impulsada por el gobierno de Zapatero. Un supuesto que fue eliminado por la reforma posterior del Partido Popular, la Ley Orgánica 11/2015, que recoge  la exigencia de que una menor de edad necesite el consentimiento de los titulares de su patria potestad.

El documento presentado por Unidos Podemos solicita, en cambio, que se equipare a las mujeres de 16 y 17 años a las mayores de edad y se les aplique el régimen general establecido en el Código Civil. De esta forma, se dejaría en sus manos la decisión de informar o no a los progenitores.

Objeción de conciencia

En cuanto a la objeción de conciencia, la formación morada pide que se refuercen los mecanismos que la regulan para asegurar que esta práctica transcurra dentro del marco legislativo y no suponga, en ningún caso, una barrera para para la prestación de este servicio en la sanidad pública ni un impedimento para que las españolas puedan ejercer correctamente sus derechos.

Asimismo, piden suprimir el periodo de reflexión de tres días, reincorporar el supuesto de violación dentro de los motivos de interrupción del embarazo y dotar presupuestariamente todas las medidas recogidas en la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.