Podemos exige luz y taquígrafo sobre el impacto económico de Muface

Podemos alimenta el debate sobre la sostenibilidad de las mutualidades en plena atmósfera de incertidumbre acerca de su financiación. Javier Sánchez Serna, diputado del partido que lidera Ione Belarra, amén de portavoz sanitario del Grupo Mixto en el Congreso, ha registrado tres preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno en torno al nivel de impacto económico que tiene en las arcas públicas la sustentación del modelo.

La fuerza morada ha pedido al Ejecutivo, en primer lugar, que concrete a cuánto asciende el coste de la atención sanitaria que las mutualidades brindan a los funcionarios del medio rural, esto es, en municipios con menos de 20.000 habitantes. Por otro lado, ha preguntado cuántos trabajadores de la Administración han solicitado el cambio extraordinario del modelo de mutualidades al sistema sanitario público tanto a lo largo de 2023 como en enero de este año.

En este sentido, cabe resaltar que Sumar, en cuya coalición concurrieron los morados a las elecciones generales de julio, defendió en su programa la necesidad de caminar hacia la extinción progresiva de las mutuas propiciando “de forma paulatina, escalonada y programada” la integración en el sistema sanitario público de las personas que en la actualidad reciben atención sanitaria a través de estas entidades, un objetivo que aún mantienen los de Yolanda Díaz y que, de hecho, ya se marcaron en el horizonte desde Unidas Podemos en 2021, cuando registró una Proposición no de Ley (PNL) contra el modelo Muface.

La tercera pregunta firmada por Sánchez Serna se refiere a la deuda que las aseguradoras privadas mantienen por el uso del Hospital público de Melilla para atender a las personas dependientes de las mutualidades. Aunque el partido la cifra en 2,5 millones de euros, ha demandado saber si ya se ha saldado y, en el caso de que no, a cuánto asciende actualmente.

Preocupación en las entidades que prestan asistencia sanitaria

En el frente contrario, el panorama se ve de otra forma bien distinta. Asisa, DKV y Adeslas, las aseguradoras que forman parte del concierto de asistencia sanitaria de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ya han verbalizado en varias ocasiones su preocupación ante un escenario de infrafinanciación, que, según defienden, hace necesaria una revisión del acuerdo de 2021, el vigente, para equiparar la prima de los mutualistas al gasto de la sanidad pública de cara a 2025.

En recientes declaraciones a Redacción Médica, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, se mostró prudente en este sentido y abogó por esperar a la futura evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) antes de comenzar a negociar el nuevo concierto mutualista.

En una respuesta parlamentaria, desde el Gobierno ya se había asegurado que la dirección de Muface estaba estudiando las demandas de las tres compañías referidas, con las que mantiene una “interlocución fluida”. Al respecto, se anunció que la tramitación del nuevo concierto para 2025 se hará “siempre de acuerdo con lo establecido en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud”.