Pacto en el Congreso: la sanidad penitenciaria en CCAA tendrá financiación

El Senado ya había dado un primer paso para lograr la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, pero se había dejado un fleco importante: cómo se financiaría este traspaso. Ahora, todos los grupos en el Congreso han subsanado este punto y han apoyado una iniciativa parlamentaria de Unidos Podemos que insta al Gobierno a "culminar el proceso de transferencia de la sanidad penitenciaria de manera inmediata". El texto aprobado incluye dotar de "la correspondiente asignación financiera a las comunidades autónomas por el coste real de la asistencia sanitaria a reclusos".
 
El acuerdo ha tenido lugar en la Comisión de Interior durante un debate que en ocasiones recordaba más a la Comisión de Sanidad, tanto por el contenido como por los portavoces de PSOE y Ciudadanos que han defendido sus enmiendas. El resultado es un texto de consenso que amplía la propuesta de la formación morada en 5 puntos. 
 
La primera enmienda, relativa a dotar de financiación a esta transferencia de competencias, ha sido defendida por Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, que ha utilizado su turno de palabra casi como una réplica a la comparecencia días antes en el Senado del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en la que culpó a las CCAA del retraso en el traspaso. 
 

---

Fernández: "Las autonomías no quieren hacer la transferencia de la sanidad penitenciaria porque no se fían del Gobierno"

---

"Las autonomías no lo quieren porque no se fían del Gobierno y no se fían porque el Gobierno solo ha enviado cartas mientras quita los convenios, retira las tarjetas a buena parte de la población reclusa y dejan de rembolsar facturas", ha señalado Fernández, en referencia al comentario de Zoido en el que aseguraba que Interior había enviado una carta en verano de 2015 a las comunidades para animarles a asumir las compentecias de la que no había obtenido respuesta.
 
El diputado socialista ha alabado la transferencia que hizo el País Vasco en 2011 y ha tranquilizado a quienes dudan de los resultados del traspaso de competencias: "Los profesionales no han huido a otras plazas". Según ha explicado Fernández a Redacción Médica, la dotación financiera que exige su enmienda "se tendría que hacer a través de los PGE con una cantidad específica". Además, reclama que se haga efectiva la financiación que a día de hoy "falta para sufragar el coste real de la asistencia sanitaria a personas con hepatitis C".

Erradicar el virus C
 
Precisamente una de las cuatro enmiendas de Ciudadanos pretende "asegurar de manera inmediata" la financiación para "erradicar el virus C en la población reclusa". Francisco Igea, portavoz de Sanidad de C's en el Congreso, ha criticado que no se trate a esta población que además "supone un riesgo grave de contagio" y ha señalado que para este traspaso "hay razones legales, pero hay 60.000 razones más que son 60.000 reclusos". Personas que, según recuerda Igea, "están condenados a penas privativas de libertad pero no a supresión de derecho a la salud".
 
Argumento similar al esgrimido por Eduardo Santos, diputados de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que señala que es injusto "que no puedan acceder a un especialista o se reduzcan las consultas y las prestaciones, cosa que si estuvieran libres no ocurriría". Por eso, ha aceptado las enmiendas de C's que recogen, además de hacer frente a la hepatitis C, facilitar el acceso de los médicos a la historia clínica digital, la implantación del historial clínico digital en las cárceles y satisfacer los pagos pendientes. "Si no se produce el traspaso, al menos se palien las situaciones más graves", ha señalado Santos al admitir las enmiendas.