Gabriel Rufián y Pilar Vallugera
El proceso de
modificación de la nueva ley contra la temporalidad encara su recta final. El
Grupo Republicano tiene claro qué cosas deben reformularse en la norma impulsada por el entonces ministro Miquel Iceta.
Así lo ha hecho saber a través de las
39 enmiendas al articulado que ha presentado ante la Mesa de la
Comisión de Hacienda y Función Pública, entre las que figura la creación de una
oferta de empleo público específica para aquellos interinos que superen los 3 y 5 años de experiencia o el pago de
45 días por años de servicio en los casos en los que no se supere el proceso selectivo.
Esquerra Republicana considera que el nuevo proyecto de Ley debe establecer un
sistema de concurso de méritos para la estabilización en el empleo de funcionarios que han sufrido el abuso de temporalidad y quieran optar a una plaza de personal laboral fijo o funcionario de carrera.
Por ello, piden que las plazas ocupadas por personal temporal durante un período superior a tres años se incluyan en una oferta de empleo público singular, convocada extraordinariamente mediante la modalidad de concurso.
Experiencia profesional: 40% en la puntuación total
En esta línea, piden que la
experiencia profesional tenga un peso igual o superior al 40 por ciento de la puntuación total, respetando "proporcionalmente el valor de la perfeccionada en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de la Administración convocante". Solicita además que las pruebas y ejercicios, por sí mismos, no tengan carácter eliminatorio sin exigencia de obtener una puntuación mínima para superar la fase de oposición
¿Y qué pasará con aquellos empleados temporales o funcionarios interinos que no superen las pruebas de selección? La formación propone para ellos, siempre que estén en activo, una
compensación económica, equivalente a cuarenta y cinco días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.
Lo ideal, según explican en el anexo que esperan incluya el primer apartado de la citada norma, es que la OPE de carácter extraordinario quede publicada durante el
primer semestre del año 2022 y la resolución de los procesos selectivos finalice durante el segundo semestre de 2024. Desde el grupo exigen que se apliquen estos mismos criterios a los trabajadores que
superen los 5 años de experiencia. Ven igualmente imprescindible la equiparación de derechos de las bolsas de interinos para el personal laboral temporal.
Por otro lado, y de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria, consideran que la
indemnización por el cese y la indemnización por el sufrimiento del abuso de temporalidad no son excluyentes. Por ello, en el caso del incumplimiento de plazos máximos, la indemnización correspondiente no podrá sustituir a las estipuladas en base a una "compensación adecuada e íntegra de los perjuicios causados".
Su intención es por tanto,
sustituir la compensación de 20 días que propone la norma por "la cuantía del despido improcedente" sin que exista un límite máximo de anualidades o mensualidades. Lo mismo ocurriría con el personal laboral temporal, para el que la ley Iceta plantea en un principio una compensación equivalente a la diferencia entre el máximo de veinte días de su salario fijo por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades.
"Hay que garantizar que las indemnizaciones a abonar por la administración por los ceses derivados de sus abusos de temporalidad sean adecuadas a las vulneraciones de derechos de las personas trabajadoras que los han causado".
Dentro del apartado de indemnizaciones introducen un pequeño matiz al hablar del incumplimiento de plazos, para solicitar que se tenga en cuenta no solo la permanencia del personal temporal sino también la
provisión definitiva de las plazas vacantes.
Equiparación de condiciones laborales
Más allá de la compensación económica, la formación plantea la creación de este sistema de concurso de méritos en todas las administraciones con
personal interino o temporal que, a 31 de diciembre de 2020, superen los tres años, de forma acumulada o ininterrumpidamente, realizando funciones estructurales.
Estos concursos, en los que se valorará fundamentalmente la experiencia profesional en el puesto de trabajo y la formación específica, aunque sin superar el 20 por ciento del total de puntuación, no permitirán a los eventuales adquirir la condición de funcionario de carrera, de estatutario fijo o de laboral fijo, pero sí equiparar sus condiciones de trabajo a las de estos.
De esta forma, los empleados de larga duración a extinguir, gozarán de las mismas ventajas en cuanto a traslados, promociones internas, ascensos, comisiones de servicios y en general, en todos los procedimientos de concurrencia competitiva, además de estar sujetos a las mismas causas, requisitos y procedimientos para el cese en sus puestos de trabajo. Eso sí, quedan excluidos de la
movilidad entre Administraciones públicas.
Mapa del 'fraude'
Con el fin de llevar a cabo el proceso de estabilización "con la mayores garantías", se plantea que cada administración pública elabore un mapa que contenga las plazas afectadas por la contratación en fraude de ley y/o abuso de temporalidad, a fin de determinar de forma real el número de plazas ocupadas de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos afectados, incluido el Sistema Nacional de Salud.
Además, deben ser "los
responsables de la gestión de personal" los que, en su opinión, asuman la responsabilidad cuando se produzca alguna actuación irregular, la cual tendrá que considerarse "como falta grave" y no leve en un intento de evitar "abusos en el futuro".
El Grupo Republicano propone a la Cámara que todas las plazas vacantes que no estén servidas por empleados eventuales deberán estar incluidas en ofertas públicas de empleo que tendrán que aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes de 30 de junio de 2022, con la posterior publicación de las convocatorias antes de que termine dicho año y una resolución de procesos prevista para antes del 31 de diciembre de 2024.
En su planteamiento piden igualmente extender la norma a aquellos sanitarios afectados por los procesos de estabilización de 2017 y 2018 que aún no hayan sido convocados o, una vez resuelta la convocatoria, la plaza haya quedado sin cubrir.
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