David García, portavoz de Vox en la Comisión de Sanidad del Congreso.
Durante la sesión plenaria del Congreso, la
tarjeta sanitaria única se ha convertido en telón de fondo de un debate sanitario mucho más amplio que ha englobado desde el derecho al aborto hasta el futuro de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). La
Proposición de Ley (PL) inicial partía de
Vox, que llamaba a garantizar el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS) con una acreditación “interoperable” en todo el territorio nacional. La propuesta no ha superado la criba de un Parlamento que la ha rechazado por
“redundante” (según el PP) y por “ideológica” (según las formaciones nacionalistas).
“Defender la sanidad de los españoles es una cuestión de justicia”, ha enfatizado desde la tribuna
David García, portavoz de Vox en la Comisión de Sanidad. El mandatario valenciano ha denunciado que el Gobierno se dedica a “levantar barreras entre españoles” (ha citado, por ejemplo, el apartado lingüístico) mientras el sistema de salud se aproxima a su “límite”.
“Los impuestos no garantizan la salud y el bienestar -ha manifestado-.
Valencia, donde seguimos bajo el barro y el fango, ha sido un claro ejemplo”.
En este escenario, ha defendido de nuevo el impulso de una
tarjeta sanitaria única que permita el acceso “universal” al SNS y la interoperabilidad de la historia clínica “para garantizar que sea comprensible y accesible para cualquier sanitario (advierte de que algunos facultativos no la entienden por estar
escrita en una lengua autonómica), así como una mayor “gestión y eficiencia” del conjunto del sistema.
La sanidad competencial, "en tela de juicio"
Las reivindicaciones de los conservadores han caído en saco roto. Las mayores críticas han procedido de las bancadas nacionalistas, que han acusado a Vox de
cargar de ideología su iniciativa y de poner “en tela de juicio el marco competencial” de las comunidades autónomas. “Lo que quieren es la
devolución de las competencias al Estado”, ha aseverado
Maribel Vaquero, diputada del PNV.
Respecto a la tarjeta sanitaria única, tanto la nacionalista vasca como
Etna Estrems, de ERC, han advertido de que “ya existe un sistema de
interoperabilidad de datos desde cualquier punto del sistema” que posibilita, entre otros efectos, “el acceso a la historia clínica digital por medio de
DNI electrónico y la dispensación”. “Defendemos sanidad respetuosa con las autonomías, no volver a una en blanco y negro”, ha defendido esta última.
Igual de beligerante se ha mostrado
Sumar, con Alda Recas al frente, que ha subrayado que la Ley de Cohesión “de hace 20 años” ya recoge el sentir de lo que pretende Vox. “La tarjeta sanitaria interoperable ya existe -ha expresado-.
¿Que es mejorable? Es posible, pero eso es algo que ya se está haciendo”.
“Céntrese en pedir mejorar las estructuras sanitarias, en reorientar las competencias de los efectivos de salud, en que tengamos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública”, ha concluido la dirigente progresista.
De Muface a Ceuta y Melilla
Tampoco PSOE y PP han recogido el testigo de Vox. Los socialistas, de la mano de
María Sainz, ha acusado al partido de Santiago Abascal de pretender
“achacar todos los males de la sanidad” a las CCAA, así como de incurrir en el “error” de pretender impulsar una tarjeta sanitaria virtual y física “que ya funciona de manera rutinaria en todas las comunidades”.
Desde el PP,
Rafael Benigno ha subrayado que el objetivo “real” ha de ser “avanzar en la interoperabilidad” pero “no retocando leyes” ya existentes. “Esta iniciativa es redundante, e incide en un mal endémico: la sobrerregulación”, ha indicado.
El mandatario popular sí ha convenido con Vox en la falta de actuación del Gobierno en las materias “sobre las que tiene competencia”, entre las que ha citado el sistema de salud de Ceuta y Melilla e incluso el futuro de la
Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). “No suma nada a la sanidad”, ha zanjado.
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