Muface cuenta con el respaldo de la mayoría del Congreso de los Diputados

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la renovación del convenio de la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface). "Es un acuerdo de todos los grupos", ha confirmado la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, ante la pregunta formulada por Redacción Médica. Un nueva contratación, cuyo importe alcanzará finalmente los 3.571 millones de euros, que también ha contado con el apoyo de Unidas Podemos, a pesar de haberse manifestado en contra del mantenimiento de este sistema.

Sin ir más lejos, el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, ha cuestionado la partida fijada por Hacienda, inisistiendo en en que el acuerdo de coalición pauta la evolución de un sistema de atención plenamente público. 

De la eliminación a la desaparición progresiva

Desde el Bloque Nacionalista Galego (BNG) defienden la prestación de servicios pública como una garantía de igualdad y atención. "Defendemos que se vaya avanzando y fortaleciendo la prestación sanitaria desde el sistema sanitario público y para que eso sea así hay que dar pasos en esa dirección y no en la contraria", apunta a este periódico la portavoz de Sanidade del BNG, Montserrat Prado. 

A este respecto, la diputada se muestra en contra de seguir manteniendo o aumentando conciertos, "como es la práctica que se está llevando". "La sanidad privada aumenta mientras que la pública disminuye en cuanto a presupuestos y derivación directa de personas que pagan desde su bolsillo servicios sanitarios o se hacen seguros privados", subraya Prado, que insiste en que la formación no defiende "esa dirección", sino la de aumentar las prestaciones desde lo público para lo público. 

Más tajantes se muestran en Más País, a favor de extinguir el modelo. "A Muface no hay ni que cronificarlo ni que mejorarlo, hay que hacer que se extinga", informaban fuentes del partido. Como alternativa, proponer pasar a sus mutualistas al régimen general y, en términos sanitarios, incorporar tanto su financiación como a las personas a la sanidad pública. "Los trabajadores y trabajadoras públicos han de ser los primeros en beneficiarse de la sanidad pública y en aportar a su mantenimiento y funcionamiento", espetan desde la formación. 

Esquerra Republicana (ERC) se posiciona, igualmente, dentro del bloque de detractores con un "posicionamiento totalmente crítico con las actuaciones de los distintos gobiernos adoptadas por PP y PSOE en materia de Seguridad Social y prestaciones sociales y sanitarias". "Nuestro grupo no va a ser cómplice de recortes de derechos de pensionistas, privatizaciones ni más saqueos a la caja de la Seguridad Social", aseguran. Sin embargo, explican que las propuestas concretas para cada ámbito como el relativo a las mutuas, las harán públicas en el momento de presentación de enmiendas y en los debates parlamentarios, en consonancia con la línea política mantenida por el partido durante las últimas legislaturas. 

El PNV no se opondrá al nuevo convenio con Muface, si bien los nacionalistas vascos defienden que este modelo debe avanzar hacia su “extensión” de forma que se integre a los funcionarios en el Régimen General de la Seguridad. “Pero entendemos que, a día de hoy, son unos gastos que hay que cubrir”, asume el diputado Mikel Legarda.  

Una idea que apoyan desde Compromís, a favor de "ir eliminando Muface progresivamente". Su idea es que los funcionarios pasen al régimen general del Sistema de Salud, "pero siempre con el consiguiente fortalecimiento de los recursos de la sanidad pública para asumir este cambio".

169 votos a favor de la permanencia de Muface

Por el contrario, el otro partido vasco con representación en el Congreso, EH Bildu, opta por mantenerse de perfil ante la controversia generada en torno a Muface. En este sentido, desde la formación soberanista indican que no tienen “ninguna posición” respecto a un asunto, que, añaden, tiene poca repercusión en Euskadi, donde ocho de cada diez funcionarios lo so al servicio de las administraciones autonómicas. Teruel Existe adoptaba una postura similar, al no entrar a valorar el modelo por "falta de información", mientras que Nueva Canarias no emitía una respuesta a tiempo al cierre de esta noticia.