Montón: "La filosofía es vincular la sanidad a la condición de ciudadano"

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha indicado que garantizar el derecho al acceso a la salud a todas las personas supone un "gran cambio", es bueno para la salud individual y pública, y da seguridad jurídica a las comunidades autónomas al armonizar la norma.

"La filosofía es vincular la asistencia sanitaria universal de manera integral a la condición de ciudadanía y no de asegurado, porque la salud es un derecho. (...) Esto es bueno para la salud individual pero también es bueno para la salud colectiva, para la salud pública, además representativo de ser España una sociedad decente que no deja a nadie al margen", ha sostenido la ministra.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Montón ha aclarado que se garantizará "el derecho al acceso a la salud de manera integral a todas las personas que están en España", tanto a españoles y residentes como quienes están en "situación de vulnerabilidad por estar en una situación administrativa irregular".

La ministra considera que la medida supone "un gran cambio" porque hasta ahora no había seguridad jurídica ni armonía en la norma: "Cada comunidad autónoma lo había ido salvando como había podido, con un grado alto de litigiosidad con el Ministerio, con recursos de inconstitucionalidad, pero sobre todo con inseguridad jurídica para las comunidades autónomas y para los profesionales".

Seguridad jurídica y garantía de derecho

Montón ha defendido que el decreto en el que está trabajando, y que ha adelantado Redacción Médica, armoniza la norma, da seguridad jurídica y también garantía de derecho.

Asimismo, ha negado que vaya a tener un impacto económico o sobrecoste para el sistema sanitario, ya que es "mucho más gravoso" atender en puerta de urgencias que en atención primaria.

El borrador del decreto de sanidad universal, que ya han recibido las comunidades autónomas, establece que los inmigrantes en situación irregular tendrán derecho a recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles sin necesidad de justificar su residencia en España, si los servicios sociales constatan que su país no puede abonar esta cobertura.