Montero confirma: todo hospital público tendrá médicos que realicen abortos

Tal y como adelantó Redacción Médica a finales del pasado mes de agosto, la reforma de la Ley del aborto que plantea el Ministerio de Igualdad recoge que todos los hospitales públicos con servicio de Ginecología y Obstetricia deban contar con profesionales que puedan practicar un aborto y elimina la obligación del periodo obligatorio de reflexión de la mujer, de tres días.

Lo ha anunciado la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso, en la que ha indicado que será la mujer la que decida el método de interrupción del embarazo y en el centro de salud le darán toda la información necesaria para tomar la decisión.

Asimismo, las chicas de 16 y 17 años que se queden embarazadas podrán decidir si abortan y no tendrán la necesidad de contar con el consentimiento paterno como recoge la norma actual.

La reforma, según la ministra, apuesta por avanzar en el reconocimiento de un permiso maternal preparto, prevenir y erradicar la violencia ginecobstétrica, garantizar la salud menstrual y ofrecer educación sexual en todos lo niveles educativos porque “lo necesita la infancia y la adolescencia”.

Acceso de las mujeres a este derecho "en cada hospital" del SNS

Según apuntaron fuentes ministeriales a este medio, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la directora del Instituto de las Mujeres, María Antonia Morillas González, mantendrían dos encuentros con entidades y profesionales sanitarios para abordar la reforma de esta Ley, "dentro del proceso participativo abierto por el Ministerio el pasado mes de julio", con el fin de garantizar el acceso de las mujeres a este derecho "en cada hospital" del Sistema Nacional de Salud.

El objeto de estas reuniones, añadieron estas mismas fuentes, era el de recoger las impresiones y los puntos de vista de los profesionales sanitarios, tanto médica/os, ginecólogas/os, matronas, así como expertos en el ámbito de la Psicología o de la sexología.

Uno de los aspectos de la normativa que más debate ha generado en los últimos meses ha girado en torno a la objeción de conciencia a la que pueden acogerse los profesionales que tengan que participar en una interrupción voluntaria del embarazo. "Lo que nosotras creemos es que la objeción de conciencia no puede convertirse en desobediencia civil en bloque, sino que debe ejercerse de manera individual por cada profesional sanitario, al tratarse de un derecho personal", explicaba en ese momento el Ministerio liderado por Irene Montero.