Moncloa responde al TJUE con el "nuevo modelo de empleo público" en el SNS

Ante el ‘toque’ de atención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la alta tasa de interinos en la sanidad y el conjunto de la administración, el Gobierno de España apela al “nuevo modelo de empleo público” que viene implementando y que se sustenta sobre dos pilares: la Ley 20/21 de reducción de temporalidad y el Real Decreto 32/2021 con medidas urgentes para la reforma laboral. En cualquier caso, desde Moncloa enfatizan que la sentencia del TJUE emitida el pasado febrero “deja en manos de los tribunales nacionales” su interpretación, por lo que no asegura que los eventuales del Sistema Nacional de Salud (SNS) pasen a ser fijos en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

En dos respuestas escritas registradas en el Congreso de los Diputados, el gabinete de Pedro Sánchez reconoce que la temporalidad presenta todavía una “particular incidencia” en las administraciones públicas autonómicas y locales, lo cual afecta sectores “esenciales” como el de la sanidad. Un escenario que enfatizó recientemente el TJUE, que instó a las administraciones públicas a adoptar medidas para paliar los altos índices de eventualidad en sus plantillas.

“Diferentes factores han contribuido a esta situación”, deslizan desde Moncloa. En primer lugar, citan al “impacto de la crisis económica de 2008” y la “adopción de medidas restrictivas o de austeridad”, que, sostienen, “condujeron a la reducción de la tasa de reposición de efectivos”. Y, por otro lado, señalan a las “deficiencias tanto en la planificación como en la gestión de recursos humanos en las administraciones públicas”.

Medidas contra la temporalidad en el SNS

En cualquier caso, el Ejecutivo central pone en valor las medidas adoptadas para paliar la alta temporalidad en sanidad, que forman parte de los compromisos adquiridos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y que buscan, entre otras medidas, “renovar y ampliar las capacidades del Sistema Nacional de Salud”.

Se trata, en concreto, del la Ley 20/21 de reducción de temporalidad y el Real Decreto 32/2021 con medidas urgentes para la reforma laboral, que están orientadas a reducir la interinidad por debajo del 8 por ciento.

“Para ello, se regula un nuevo régimen jurídico de personal funcionario interino o personal laboral temporal, objetivando las causas de su nombramiento por necesidades de carácter estrictamente coyuntural, y delimitando los supuestos de finalización de la relación de servicios. En adición, se establece un nuevo régimen de responsabilidades, a modo de mecanismo proporcionado, eficaz y disuasorio para el cumplimiento del deber de evitar abusos en la temporalidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas”.

En otra respuesta parlamentaria, el gabinete de Pedro Sánchez apunta que este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que fue aprobado en 2021, establece en su componente 23 (sobre ‘nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo') medidas correspondientes al ámbito de políticas de empleo con una inversión de 2.363 millones de euros.

Sentencia del TJUE contra la temporalidad del SNS

En todo caso, sostiene que, en relación a la sentencia del TJUE, que esta “no efectúa un mandato directo a gobiernos o parlamentos”, sino que “deja en manos  de los tribunales nacionales la interpretación del derecho interno, en lo que se conoce como ‘interpretación conforme’ del derecho de la Unión”.

“El juez nacional, al aplicar como referencia el contenido de una directiva, tiene sus límites en los principios generales del derecho, en particular los de seguridad jurídica e irretroactividad”, sostiene.

Diferentes fuentes del ámbito médico y jurista ya avanzaron a Redacción Médica que la sentencia del TJUE no asegura que les vayan a hacer fijos: “Hay posibilidades, pero tendrán que defenderlo en el juzgado”, advirtieron.

De hecho, el pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de rechazar declarar fijos a tres trabajadores públicos que habían recurrido al amparo de esta sentencia.