Moncloa cede a las CCAA recurrir a la gestión público-privada de hospitales

Las diferencias en el seno del Gobierno en torno al acuerdo para permitir la derivación de casos de Incapacidad Temporal traumatológica a mutuas colaboradoras de la Seguridad Social son palpables. A las reticencias de Sumar, que lamenta que se abra una puerta a la "privatización" de la sanidad pública, se unen las de otros socios clave de legislatura. En ese contexto, desde el Ejecutivo, oficialmente, no cierran la puerta a que se sigan explorando vías de colaboración público-privada, en este caso, en la gestión de hospitales. Eso sí, en Moncloa ceden la patata caliente a los gobiernos autonómicos.

“Las comunidades autónomas son las competentes en la gestión de la asistencia sanitaria en su territorio; por tanto, son los servicios de salud autonómicos los que establecen la colaboración que consideran oportuna”, dice el Ejecutivo en respuesta a una pregunta parlamentara escrita del Grupo Popular, que preguntaba sobre “medidas previstas con las que contemplar empresas públicas con coparticipación de empresas privadas para la gestión de hospitales dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) y así garantizar que al menos sean productivos”.

Pese a ello, el Gobierno deja claro en su contestación que su equipo “trabaja para fortalecer el SNS, tomando como referencia permanente el Acuerdo de una Nueva Colación de Gobierno Progresista y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” para, así, “hacer frente a los retos de transformación del SNS para el siglo XXI”.

Debate PSOE-Sumar en torno a las mutuas

En la última Comisión de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo, la portavoz de Sumar, Aina Vidal, mostró su preocupación por el acuerdo de pensiones que incluye esa derivación de casos de IT de origen traumatológico a mutuas, aunque siempre bajo ‘encargo’ y supervisión de la sanidad pública.

“Creo que es una evidencia que el objetivo de las mutuas es el negocio y que el objetivo de la sanidad pública básicamente es el bienestar de la ciudadanía”, afirmó la diputada, al respecto de lo cual añadió que este pacto “podría suponer sin duda un caballo de Troya para el desembarco de las mutuas en cuestiones que no deberían tocar jamás”. “Para descongestionar el sistema público de salud y reducir las listas de espera hacen falta más profesionales y más recursos para sanidad”, zanjó.

"No hay ningún atisbo de privatización", aseveró la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la misma Comisión: "Las mutuas son sector público estatal de carácter administrativo; su estrategia viene definida por el ministerio y, de hecho, se encuadran en el propio presupuesto del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones", explicó.

En cualquier caso, es vox populi que Sumar nunca ha estado de acuerdo con la apertura de esta nueva ventana a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. La titular de la cartera de Sanidad, Mónica García, aun en su condición de ministra -pese a que es líder de Más Madrid, fuerza integrada en Sumar, no es diputada-, siempre ha hablado claro al respecto: “Vamos a poner freno a la privatización de la sanidad, no a la sanidad privada”, dijo sobre el Proyecto de Ley de Equidad y Cohesión del SNS impulsado desde su ministerio y que aún sigue en periodo de enmiendas a la totalidad.

Tres claves para la colaboración sanitaria público-privada

En marzo, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, enumeró públicamente las que, para él, han de ser las tres claves que guíen la colaboración público-privada en sanidad, si bien es cierto que lo hizo en un acto sobre retos en el acceso a productos sanitarios y el refuerzo de las capacidades farmacéuticas celebrado en Bruselas.

“Para garantizar que la colaboración público-privada pueda llegar a darse dentro de un marco de equidad y búsqueda del acceso a la salud, hay tres aspectos fundamentales: el primero, liderazgo público”, comenzó diciendo el número dos de García. Padilla también mencionó el alineamiento de los intereses sociales con el ánimo de participación de la industria privada, dando prioridad a los primeros, y “disminuir la dependencia de la financiación de las instituciones privadas” que tienen las instituciones públicas.