Las científicas embarazadas no podrán ser excluidas en procesos selectivos

El Pleno del Congreso de los Diputados ha acordado este jueves la convalidación y tramitación por unanimidad del Real Decreto-ley de Medidas Urgentes en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la universidad que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 8 de febrero a propuesta del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Entre las medidas aprobadas se incluye modificar la Ley de la Ciencia de 2011 para que los investigadores en situaciones de maternidad y paternidad no sean discriminados en procesos selectivos.

La nueva normativa ayudará a mejorar y flexibilizar el funcionamiento de los centros de investigación y las universidades. Con esta convalidación el Gobierno aprueba medidas que reducen las cargas administrativas que dificultaban el desarrollo de los proyectos científicos, facilitan la contratación ágil y estable de investigadores, aumentan los medios para evitar retrasos en las convocatorias y otras para aumentar la igualdad de oportunidades entre investigadores y para mejorar la situación de los afectados por los préstamos Renta-Universidad.

La batería de medidas, que incluye diez cambios legislativos que modifican normativas y varias leyes, persigue que los investigadores puedan centrarse en su trabajo de generación y transferencia de conocimiento, y puedan así competir mejor a nivel internacional y captar talento investigador.

Las medidas

Intervención previa en Organismos Públicos de Investigación. Entre las medidas para reducir los trámites y trabas burocráticas, el Real Decreto-Ley sustituye la intervención previa en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), recuperando la situación de 2014 (el control financiero permanente), una demanda del personal investigador para mejorar el funcionamiento de estos Organismos.

Contratación ágil y estable para investigación en universidades y centros de investigación. El Real Decreto-Ley modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para que los centros y universidades puedan contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica. Esta medida, junto con la estabilización de 1.454 plazas temporales en OPIS ya aprobada el 25 de enero, contribuirá a rebajar la temporalidad e inestabilidad de los científicos, en especial los jóvenes. Otro de los cambios que introduce el Real Decreto-Ley permitirá a los Organismos Públicos de Investigación elaborar informes-tipo anuales para todas las contrataciones previstas, lo que agilizará la gestión del reclutamiento de investigadores de carácter laboral.

Agilizar la compra de materiales e instrumentos para proyectos científicos. Los centros de investigación y universidades podrán ejecutar contratos menores de servicios y suministros hasta importes de 50.000 € con el mismo proveedor para distintas unidades, aunque anualmente se superen dichos límites con la suma total de los contratos (por ejemplo, la compra de material de laboratorio para dos proyectos de la misma universidad).

Agencia Estatal de Investigación. La nueva regulación permitirá a la Agencia Estatal de Investigación contar con más medios externos para reducir los plazos de comprobación de las subvenciones de proyectos de investigación. De esta manera, se busca liberar recursos para dedicarlos a la gestión de las convocatorias.

Igualdad de oportunidades entre investigadores. El Real Decreto-Ley modifica también la Ley de la Ciencia de 2011 para que los investigadores en situaciones de maternidad y paternidad, así como de incapacidad temporal, no se vean discriminados en la selección y evaluación de su actividad científica. .

Préstamo Renta-Universidad. El Real Decreto-Ley recoge mejoras sustanciales para los afectados por los préstamos Renta-Universidad, ya que solo los que sobrepasen los 22.000 euros anuales tendrán que comenzar a devolver el crédito, para lo que dispondrán de 15 años de plazo para devolverlo. Se prevé que esta medida podrá beneficiar a hasta 12.000 jóvenes que están pendientes de la devolución de los créditos.

Duración de los convenios adecuados a las necesidades científicas.  Se modifica la Ley de la Ciencia para ampliar la duración de los convenios de investigación. En el caso de convenios para centros, institutos, consorcios españoles o europeos se amplía el periodo de vigencia de estos convenios hasta los 17 años. Además, los convenios para consorcios podrán tener vigencias más largas si así lo exige el proyecto científico o por la naturaleza de las inversiones.

Otras medidas.  Los centros de investigación, así como los consorcios y fundaciones podrán concertar operaciones de crédito directamente, siempre que se financien con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional o al Fondo Social Europeo. De esta forma, se evitarán los retrasos en la adquisición de aparatos y en la realización de obras e infraestructuras de centros de investigación. Algunos ejemplos de créditos de estas características son la reparación y renovación de buques oceanográficos o nuevos equipos de grandes instalaciones científicas.