La ley del aborto blinda la asistencia sanitaria en las lenguas cooficiales

La ley del aborto se encamina hacia su votación definitiva en el Congreso de los Diputados después de un amplio recorrido por las cámaras parlamentarias, marcado por la incorporación de nuevas enmiendas que han dilatado los plazos. Las últimas modificaciones que se han agregado al texto tienen como objetivo garantizar que las mujeres puedan acceder a la atención sanitaria en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado, aunque el visto bueno definitivo no se conocerá hasta el debate clave de este jueves.

Esta novedad es el resultado de una de las enmiendas propuestas por Geroa Bai en el Senado para modificar el artículo 5 de la Ley de Salud Sexual, Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La formación navarra ha logrado el apoyo suficiente para que se incorpore un punto adicional en el que se especifica que los “servicios especializados estarán adaptados a las lenguas oficiales de las comunidades autónomas”, a propuesta de su senador Koldo Martínez.

Esta realidad abarca desde la asistencia integral especializada para las mujeres de acuerdo a los objetivos generales fijados en la ley, hasta aspectos más concretos como las funciones de promoción de la salud sexual, el abordaje de la sexualidad, la atención a la salud afectivo-sexual de las personas mayores o las necesidades que presentan quienes cuentan con alguna discapacidad.

La propuesta llegará a la Cámara Baja en un momento marcado por el debate abierto sobre la necesidad de tener conocimiento en idiomas oficiales para los médicos que ejercen en algunas comunidades autónomas. Es el caso de Baleares, donde los baremos para el proceso de estabilización de interinos han marcado el catalán como un requisito para acceder a las administraciones, con el objetivo de garantizar los derechos de los usuarios a ser atendidos en su idioma.

Novedades sanitarias en la ley del aborto 

Más allá de los aspectos lingüísticos, la otra gran novedad en el texto de la ley del aborto que llegará al Congreso de los Diputados es una enmienda que presento el grupo socialista para clarificar las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, después de que Vox plantease en Castilla y León un protocolo para obligar a los médicos a enseñar las ecografías y el latido del bebé a las mujeres que deseasen abortar.

En el nuevo texto, se hace hincapié en que las administraciones públicas no podrán tratar de “alterar” la voluntad de las mujeres de abortar, aunque sí que deberán aportar la “información clínica imprescindible y pertinente” sobre su caso. “Las intervenciones diagnósticas y terapéuticas asociadas con la decisión y la práctica de la interrupción del embarazo deberán basarse, en todo caso, en la evidencia científica”, reza el nuevo apartado del capítulo 24 que han incorporado los diputados del PSOE.

El Congreso de los Diputados debatirá en pleno el texto definitivo este jueves, lo que obligará a todos los portavoces nacionales de los grupos parlamentarios a posicionarse. En principio, el Gobierno ya cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante la ley ya que obtuvieron una amplia mayoría de 190 votos a favor en la primera ronda. Ahora, la única incógnita es el sentido del voto de la oposición.