La Ley de Salud Mental renace con más psiquiatras y protocolo antisuicidio

Prosigue su curso en el Congreso de los Diputados la tramitación de la ‘renacida’ Ley General de Salud Mental de Unidas Podemos, formación ahora integrada en el Grupo Mixto, que llama a trascender la proposición recientemente aprobada a instancias del PSOE al considerarla “vacía” de contenido. En este sentido, el grupo de Javier Sánchez Serna ha recuperado el proyecto que ya trató de dar salida la pasada legislatura y que supondría, entre otras medidas, duplicar la ratio de profesionales sanitarios dedicados a la salud mental y un nuevo protocolo de prevención del suicidio.

La formación morada trasladó en 2019 una primera proposición de su Ley de Salud Mental que, sin embargo, nunca llegó a cristalizar. La sucesión de prórrogas (volvió a presentarse sin éxito en 2021) y el impulso de estrategias paralelas, como el Plan de Atención de Salud Mental 2022-2024, han lastrado la tramitación de la norma de Podemos. Recientemente, además, la Cámara Baja dio luz verde a una proposición no de ley (PNL) del PSOE mediante la que se emplazó al Gobierno a aprobar un nuevo Pacto de Estado que ponga el foco especialmente sobre niños y jóvenes.

Javier Sánchez Serna, uno de los portavoces de Unidas Podemos en el Congreso, ya advirtió de que esta PNL estaba “algo vacía” de contenido y suponía “un paso atrás” respecto a la iniciativa registrada por su grupo. “El PSOE viene con otro Pacto por la Salud Mental, pero ha bloqueado dos años la Ley General de Salud Mental de Podemos. No necesitamos más pactos; necesitamos leyes que movilicen recursos y aumenten sustancialmente el número de psicólogos y psiquiatras en la pública”, insistió.

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"El PSOE ha bloqueado dos años la Ley General de Salud Mental. No necesitamos más pactos, necesitamos aumentar psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública"

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Los morados, que tras escindirse de Sumar se integraron en el Grupo Mixto (lo que les permite registrar iniciativas legislativas propias), insisten en concreto en la necesidad de doblar la ratio de profesionales dedicados a la salud mental, de forma que haya al menos 18 psiquiatras, 18 psicólogos y psicólogos clínicos y 23 enfermeras por cada 100.000 habitantes.

“Las ratios mínimas de profesionales se alcanzarán progresivamente en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la presente ley”, recoge el documento.

Prevención del suicidio y formación en salud mental

De forma paralela, Unidas Podemos reclama un nuevo protocolo de prevención del suicidio que debería ser “consensuado en el seno del Consejo Interterritorial” y que atenderá, entre otros aspectos, a la prevención en grupos considerados vulnerables,  la identificación precoz de personas en situación de riesgo y el acceso a la atención sanitaria y social “de forma rápida e integral”.

La propuesta de Podemos recoge a su vez un refuerzo de la formación, de forma que las administraciones públicas desarrollen programas “dirigidos a los profesionales de los centros sanitarios, centros educativos, servicios sociales y otros espacios orientados” a la salud mental.

“Todas las personas profesionales que trabajen en el ámbito de la salud mental recibirán formación en derechos humanos según los estándares de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las diferentes universidades e instituciones educativas que oferten formación para desarrollar roles profesionales en el ámbito de la salud mental deberán incluir en sus planes docentes dicha temática”, indica el documento.

Una salud mental "fragmentada e insuficiente"

En su propuesta de Ley de Salud Mental, Podemos incide en que los problemas de salud mental “representan el área que ha recibido un menor nivel de resolución en nuestro Sistema Nacional de Salud”. “Contamos con una atención fragmentada, insuficiente, biologicista y centrada en la reducción sintomatológica”, denuncia.

El “estigma aún presente” en torno a la cuestión de la salud mental provoca, a juicio de esta formación, que “los datos epidemiológicos sean incompletos” (lo que dificulta una valoración certera de la incidencia, la prevalencia y el impacto de los trastornos mentales) y que la persona que sufre “no solicite ayuda a tiempo y en el lugar adecuado”.
“Los problemas de estructura y de recursos humanos son de igual forma importantes. En comparación con los países de nuestro entorno, España cuenta con un menor número de profesionales. La salud mental debe ser considerada una prioridad absoluta”, concluye.