Ana María Oramas, portavoz de Coalición Canaria en el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados.
La
jubilación anticipada de los sanitarios da el salto al pleno del
Congreso de los Diputados. La Mesa ha admitido a trámite este viernes una Proposición No de Ley (PNL) presentada por
Coalición Canaria en la que se insta al Ministerio de Seguridad Social a aplicar definitivamente los
coeficientes reductores que permitirían al colectivo de la salud adelantar el fin de su edad laboral a los
60 años, pero conservando la totalidad de su pensión. Formará parte del debate de
control de la acción del Gobierno.
La iniciativa parlamentaria, firmada por la portavoz del Grupo Mixto,
Ana María Oramas, urge al Ejecutivo a desarrollar el
estudio que contempla la Ley de Seguridad Social para fijar el procedimiento general que permitiría este cambio de paradigma. Una hoja de ruta que ya había puesto sobre la mesa el ministro
José Luis Escrivá pero que todavía no se ha materializado. Por el momento se ha diseñado
una comisión para su evaluación.
El texto ha situado además algunas de las condiciones por las que se estima que los profesionales del área de salud deberían beneficiarse de esta medida, como la
“siniestralidad, penosidad, peligrosidad, toxicidad e insalubridad” propias de sus condiciones del trabajo. Además, también insiste en la necesidad de tener en cuenta su incidencia en los procesos de
morbilidad y mortalidad, así como los
requerimientos físicos o psíquicos de su actividad.
“España es el segundo país europeo donde los sanitarios sufren más accidentes laborales. Se producen más de 2.500 accidentes al año por cada 100.000 empleados sanitarios, dato que solo es superado por
Francia. También es el sector en el que hay un mayor grado de preocupación por el estrés laboral y por la violencia o la amenaza de violencia”, reza la PNL.
La exposición al contagio de médicos y enfermeros
La formación ha recuperado además algunos de los argumentos planteados en los últimos meses por el conjunto de los sindicatos como la exposición de los sanitarios a
agentes tóxicos, peligrosos, insalubres o contaminantes. La realización de
guardias o su riesgo al contagio de la tuberculosis, la hepatitis B y C, el VIH o el
Covid-19 son otras de las claves con las que han reforzado su presentación de motivos.
“Esto merece un tratamiento especial aplicando un factor de corrección en los años cotizados”, han apuntado.
Coalición Canaria ha recordado que estos argumentos son la “síntesis” de varios
estudios nacionales e internacionales que ya han sido trasladados por el conjunto de las organizaciones sindicales al Ministerio de Seguridad Social. Mientras que ha apostado por ampliar el grupo de potenciales beneficiarios no solo a los profesionales de actividades profesionales, sino también a los que se dedican a la
asistencia en residencias o a los
servicios sociales sin alojamiento.
El paso de la propuesta por el pleno es un avance más en esta reivindicación de las profesiones sanitarias, que cuenta con el
beneplácito de buena parte del Congreso. Formaciones como el
Partido Popular, Unidas Podemos o Esquerra Republicana ya se han alineado con los sindicatos en este sentido, aunque con diferentes fórmulas para su interpretación. Mientras que únicamente
Ciudadanos se ha opuesto frontalmente al considerar que no es la medida que tenga actualmente una mayor urgencia en el sector.
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