La falta de "privacidad" en las bajas por regla dolorosa llega al Congreso

Esquerra Republicana (ERC) ha registrado una solicitud de comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en sus correspondientes comisiones, ante la filtración de datos sensibles en relación con las bajas especiales por reglas dolorosas, por abortos y en la recta final del embarazo. Según el grupo catalán, este suceso “ha provocado que las empresas estén recibiendo información sobre el motivo de las bajas médicas, comprometiendo así la privacidad de las trabajadoras y quebrantando la normativa vigente en materia de protección de datos”.

Es por esto que la formación republicana ha pedido “explicaciones” sobre este fallo que, según detallan en su solicitud, “ha quebrantado la normativa vigente en materia de protección de datos” relacionados con las bajas especiales. “Consideramos que es prioridad que ambos ministerios den todas las explicaciones necesarias para reparar la situación, exponer las medidas que pretenden adoptar para solventar el error y para garantizar que esto no vuelva a suceder”, señala ERC.

Fallo en la regulación de las bajas especiales

Según detalla ERC en su solicitud, esta petición llega tras las informaciones que revelan un “fallo en la regulación” de estas bajas especiales recogidas en la Ley Orgánica 1/2023, del 28 de febrero. Esta norma, también conocida como Ley del Aborto, contempla estas bajas específicas con el objetivo de ampliar los derechos laborales de las mujeres en situaciones de salud vinculadas a la reproducción.

Sin embargo, como ya anticipó Redacción Médica, este cambio legislativo podría traer consigo una serie de “consecuencias negativas” que podrían, a su vez, llegar a provocar una discriminación hacia las trabajadoras dentro del ámbito laboral. Esto es justo lo que ha pasado, ya que el sistema de tramitación está provocando que las empresas reciban información detallada sobre la causa de la baja, violando así la privacidad de las trabajadoras.

Los diagnósticos, en manos de las empresas

Para ERC, el hecho de que los diagnósticos de estas bajas lleguen a las empresas representa un riesgo para los derechos de las trabajadoras. A pesar de que la formación participó en la tramitación de esta ley, aclara que su intención era “legislar para conquistar nuevos derechos feministas para las mujeres”.

Junto a esto, ERC cuestiona por qué el Gobierno no implementó medidas para evitar la posible vulneración de la privacidad antes de que la regulación fuese aprobada, ya que recuerda que fueron varios los agentes sociales que advirtieron previamente de que esto podía suceder.

En palabras del grupo, la situación actual “compromete la privacidad de las trabajadoras” y “quebranta la normativa vigente en materia de protección de datos”, al permitir que las empresas tengan acceso a información sobre la causa específica de estas bajas.

Protección de datos sanitarios

Para conocer estas consecuencias negativas que podría acarrear esta reforma, este medio consultó en su momento al presidente del Bufete De Lorenzo Abogados, Ricardo De Lorenzo, quien señaló, hace más de un año, que esta regulación planteaba “preocupaciones” en términos de privacidad y protección de los datos sanitarios de las trabajadoras.

El motivo es que una situación especial de incapacidad temporal que ocurre cada mes, haría que la empresa fuese consciente de que se trataba de una situación que “no se resolverá a corto plazo, sino que, probablemente, continuará mensualmente durante muchos años”.

Por este motivo, en diciembre, la Confederación Intersindical Galega (CIG) denunció a la Seguridad Social ante la Agencia de Protección de Datos y ante los organismos del INSS por “vulneración de la protección de datos” de las mujeres cuando se acogen a las bajas por menstruación incapacitante, irrupción (voluntaria o no) del embarazo y embarazos a término.