La Audiencia Nacional, llave para recortar libertades en crisis sanitarias

Esto afectaría también al ámbito sanitario. En concreto, la disposición última de la Proposición de Ley presentada por la formación naranja comprende la modificación del artículo 65 de la Ley 16/2003, sobre actuaciones coordinadas en salud pública a la hora de imponer medidas restrictivas. 

La legislación adaptada durante la desescalada, una vez decayó el estado de alarma, obligaba a las comunidades autónomas a someter a los Tribunales Superiores de Justicia aquellas medidas que afectaran a los derechos fundamentales de su población, como restricciones a la movilidad o el famoso 'toque de queda'. 

Lo que propone Ciudadanos es que sea la Audiencia Nacional la encargada de aceptar o rechazar los limites en los derechos fundamentales impuestos en cada territrio mediante ratificación judicial, cuando en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud se estén ejercitando competencias de coordinación propias de la Administración del Estado.

En caso de que la institución dé su visto bueno, la medida o medidas dictaminadas "serán de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas a las que afecte". El cambio en la norma situaría a la Audiencia Nacional como "el órgano jurisdiccional competente para ratificar las medidas restrictivas de derechos fundamentales que las administraciones públicas adopten para el control de epidemias".

En cuanto al estado de alarma, la formación ve necesario establecer límites temporales de manera que, en caso de prorrogarse, siempre con la "autorización expresa del Congreso de los Diputados", solo podrá hacerlo en un plazo máximo de "treinta días". Con ello espera que se consiga una actuación "más coordinada entre los distintos poderes" sin que se vean afectados los derechos de la población. 

Ciudadanos considera que la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, es especialmente "relevante en momentos de crisis", por lo que "la amenaza de justificaciones ad hoc que supongan mayores restricciones, o que los ignoren en pro de presuntos bienes mayores, suponen un peligroso precedente para nuestras democracias liberales". 

Ante los conflictos generados en el terrerno legislativo, que incluso escalaron hasta el Tribunal Constirucional, el grupo es partidario de "ofrecer garantías para una hipotética nueva situación en la que la declaración de uno de estos estados sea necesaria".

"Aunque la legislación no pueda cubrir todos los frentes para cada una de las situacione que se puedan producir en el futuro, sí es deber del legislador tratar de adaptar los marcos de actuación para el futuro".