Fricción en la coalición de Gobierno por sumar mutuas a la gestión de bajas

Los profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria vieron con buenos ojos que la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciara en enero su intención de permitir las autobajas justificadas durante tres días por enfermedades leves en pos de la descongestión y la “desburocratización” de la Atención Primaria. La líder de Más Madrid avanzó que, para ello, sería necesario, eso sí, trabajar de la mano del Ministerio de Seguridad Social, cuya titular, la socialista Elma Saiz, comparte la necesidad de agilizar la gestión de las bajas temporales, pero transitando otros derroteros. Según anunció, desde su departamento ya se ha empezado a explorar la posibilidad de establecer convenios con mutuas en este sentido. Y esa vía genera dudas en la coalición a la que pertenece el partido de García, Sumar, socio de Gobierno del PSOE.

En la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones celebrada el 31 de enero en el Congreso, Saiz defendió la artículación de "fórmulas de colaboración entre los Servicios Públicos de Salud y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social” para "optimizar la atención de un tipo de procesos muy concretos de IT, las contingencias comunes que tienen origen traumatológico”, de cara a “explorar el potencial de aprovechamiento de los recursos " de estas entidades.

Preguntada por las autobajas propuestas por García, la ministra de Seguridad Social se limitó a definirla como "una medida compleja" que ha de abordarse en el ámbito del diálogo social. Aunque este medio se ha puesto en contacto con el departamento para conocer su parecer con más detalle, no ha obtenido respuesta al respecto.

En cualquier caso, la fricción entre los dos socios de Gobierno es palpable en tanto en cuanto para Sumar, la “desburocratización” de la Primaria mencionada por Mónica García no pasa por afianzar los lazos con las mutualidades. “La gestión de las Incapacidades Temporales (IT) las tiene que llevar la red pública para que no se generen inequidades en el acceso a diagnósticos y tratamientos”, defienden fuentes del partido plurinacional consultadas por Redacción Médica. “No hay que crear un parche para sustituir a la Primaria en cosas que puede hacer la Primaria”, añaden.

Como alternativa, en Sumar abogan no sólo por impulsar la propuesta de autobajas, sino también por aliviar la carga de tramitación de bajas en los centros de salud repartiendo la tarea entre estos y los hospitales: “Hay gestiones de IT que se pueden hacer directamente desde los centros hospitalarios. La cuestión es que siempre se haga a través de la red pública”, señalan fuentes autorizadas de la fuerza liderada por Yolanda Díaz.

De hecho, las mismas fuentes reafirman por vez enésima su postura contraria al mutualismo remitiéndose a su programa electoral para el pasado 23J, en el que proponían que “las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada” se integraran “de forma paulatina, escalonada y programada” en el sistema público. Es, en otras palabras, la extinción progresiva de Muface y otras mutualidades.

¿Qué dice la Ley de Seguridad Social sobre las mutuas?

Lo cierto es que Saiz, en su intervención en la citada Comisión, recordó que dichas mutuas “forman parte del sector público estatal de carácter administrativo y que se financian con cotizaciones de empresas y trabajadores”, para afirmar lo cual se basó en la Ley General de Seguridad Social.

En el artículo 80.1, de esta normativa se define a las mutuas de colaboradoras con la Seguridad Social como “asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el registro especial dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en esta ley”.

Es al punto 4 del mismo artículo al que se refirió Saiz y en el que se indica de forma expresa que estas entidades “forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad”.

Pero es la naturaleza privada de su origen lo que chirría en Sumar -no digamos ya entre los de Podemos, abiertamente en contra de dejar abierta la ventana de la “privatización” de la sanidad-. “La gestión de las IT las tiene que llevar la red pública”, reiteran desde la fuerza comandada por la vicepresidenta segunda del Gobierno.

Voluntad de diálogo político en el ámbito sanitario

La portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso, Carmen Castilla, ya dijo a este medio que confiaba en la voluntad de diálogo y acuerdo entre partidos para llegar a consensos en el ámbito sanitario. “Creo que lo podemos conseguir”, afirmó, preguntada por las posibles discrepancias a la hora de aprobar la futura Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Puede que la virtud se halle, en efecto, en el punto medio, pero lo cierto es que la realidad inmediata muestra un panorama de posturas casi opuestas en las entrañas del Ejecutivo: una cosa es aludir a nociones aristotélicas y otra llevarlas a efecto.