La diputada Carmen Riolobos.
El
Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso ha presentado una
Proposición no de Ley para impulsar la concesión de ayudas para pacientes en
diálisis domiciliaria ante el “elevado incremento” del precio de la factura de la luz. En el texto, registrado para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo, los populares abogan por poner en marcha medidas específicas o ayudas que permitan financiar, "de forma permanente", el coste de la electricidad de las familias con pacientes en diálisis domiciliaria, además de impulsar en el seno del Consejo Interterritorial una
homogeneización de los sistemas de ayudas o bonificaciones para “evitar posibles inequidades”.
Asimismo, el Grupo Popular insta al Ejecutivo a incluir a estos pacientes entre los
destinatarios prioritarios de las ayudas o beneficios relacionados con las medidas de choque para paliar el impacto de la subida de luz.
Según señala el grupo parlamentario, los profesionales de la
Nefrología temen una reversión en la tendencia de crecimiento de las modalidades de
diálisis domiciliaria, un tratamiento
“más cómodo y seguro” al reducir la necesidad de traslados a centros sanitarios y permitir un mayor bienestar del paciente.
Tratamientos de diálisis domiciliaria y ahorro para el SNS
Además, apunta, se estima que los tratamientos de diálisis domiciliaria son un
30 por ciento más coste-efectivos que los tratamientos similares en centros sanitarios, por lo que supone un ahorro para el
Sistema Nacional de Salud (SNS).
“Un paciente tratado con técnicas domiciliarias puede suponer hasta
25.000 euros menos al año, lo que supondría más de 40.000 euros de diferencia por año de vida ganado ajustado por calidad”, continúa la formación, que añade que, cuando el tratamiento se ofrece en el hospital o centro de diálisis, el paciente no tiene que abonar nada por el tratamiento, pero que, sin embargo, cuando esta opción se lleva al domicilio
“sí que tiene que sufragar el gasto extra de luz que ello le supone”.
Para el grupo parlamentario, los tratamientos sanitarios de la cartera básica se financian con impuestos y “no pueden suponer un
coste extra por llevárselo a casa”. “Es necesario asegurar que no existen barreras a la equidad a la hora de que los pacientes puedan acceder a estos tratamientos, que son un derecho dentro de la cartera de servicios”, añaden, señalando que la escalada de precios de la luz se ha convertido en una de esas barreras.
Según los datos aportados en el texto, los hogares con pacientes electrodependientes han tenido que afrontar incrementos del coste de la
factura mensual de la luz de entre 30 y 40 euros, es decir, 600 euros anuales. “Muchos pacientes están rechazando estos tratamientos, pese a las mejoras que suponen para su bienestar y autonomía y pese a los costes que pueden ahorrar estas terapias al Sistema Nacional de Salud, por los costes asociados a los mismos”, lamentan.
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