España suma 43 departamentos de seguridad contra agresiones a sanitarios

El Gobierno sigue defendiendo las medidas puestas en marcha para hacer frente a las agresiones contra profesionales sanitarios, que en 2023 fueron casi 9.400, según datos del Ministerio de Sanidad. En una respuesta parlamentaria, destaca las distintas medidas impulsadas al respecto no sólo desde el departamento sanitario, sino también desde el de Interior. En este sentido, Moncloa explica que, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se está “impulsando” la conformación de departamentos de seguridad en centros médicos. A diciembre de 2023 ya se habían creado 43.

En contestación a sendas preguntas del Grupo Popular, que se hizo eco de la reclamación de la Organización Médica Colegial (OMC) y el sindicato de Enfermería Satse de impulsar medidas estatales contra agresiones a sanitarios, el Ejecutivo reitera que ya empezó a tomar cartas en el asunto, como mínimo, desde 2017.

Aquel año, la Secretaría de Estado de Seguridad estableció, mediante una Instrucción, un protocolo común ad hoc para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “En este contexto, las medidas policiales adoptadas han comenzado a mostrar una tendencia de contención del número de hechos registrados”, aseguran en el Gobierno, que resalta que el Ministerio del Interior “se ha implicado especialmente” en este sentido.

Lo cierto es que los datos le dan la parcialmente la razón al Ejecutivo. Es cierto que el último balance interanual fue positivo: las 9.398 agresiones a profesionales sanitarios de 2023 avanzadas por Sanidad en marzo fueron un 28,8 por ciento menos que las 13.210 de 2022. Sin embargo, este dato de hace dos años fue un 5 por ciento superior al registrado en 2021.

En esa Instrucción de 2017 también se regula la figura del “interlocutor sanitario” como “cauce de comunicación permanente” entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el sistema sanitario. “Se han establecido en total 56 puntos de contactos permanentes a nivel territorial con los representantes del sector”, concreta Moncloa.

En ese marco, se han celebrado “numerosas reuniones y actividades de formación” con los profesionales de la salud “al objeto de generar conciencia en estos profesionales, mejorar la cooperación de las diferentes Administraciones Públicas y sensibilizar a la sociedad como factor clave en la lucha contra este tipo de hechos”. Con ello también se pretende dotar a los profesionales sanitarios, celadores, personal administrativo y vigilantes de seguridad “de las técnicas y herramientas necesarias destinadas a la prevención de las agresiones”, entre las que se hallan “análisis del comportamiento en prevención ante agresiones en entornos sanitarios”.

Más datos sobre agresiones a sanitarios

Por otro lado, y en lo referente al Ministerio de Sanidad, en la respuesta se menciona la constitución de un grupo de trabajo técnico, en el seno de la Comisión Nacional de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS), “para elaborar un sistema de notificación que permitiese evaluar la situación y adoptar medidas eficaces y eficientes para abordar el problema a nivel nacional”.

Además, “se elaboró un documento consensuado que integra un conjunto mínimo de datos (CMD) de agresiones a profesionales en el ámbito sanitario que enumera las características más relevantes a remitir al Ministerio de Sanidad”, lo cual permite, desde entonces, elaborar informes anuales “que permiten mayor adecuación de las propuestas autonómicas en cuanto a medidas preventivas”.

Es menester recordar que, ante la petición de la OMC de articular una Ley específica contra agresiones a sanitarios, fuentes el PSOE, como principal partido del Gobierno, esquivaron esa posibilidad en declaraciones a Redacción Médica. Los socialistas se remitieron a las medidas enumeradas ahora en respuesta parlamentaria y recordaron que, a partir de las mismas, la responsabilidad y las competencias en materia de salud son de las comunidades autónomas.

Protección frente a agresiones de los sanitarios penitenciarios

El Gobierno también se pronuncia, en otra respuesta, en este caso, a pregunta del Grupo Vox, acerca de las medidas ya impulsadas para “prevenir, evitar, minimizar y canalizar” las agresiones a profesionales penitenciarios, incluidos los del ramo sanitario.

Son cinco las iniciativas enumeradas, a saber, análisis de los incidentes para “detectar las causas, diseñar estrategias preventivas” y “establecer medidas correctoras”; impulso de acciones formativas a profesionales penitenciarios “en el marco del Protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios y Centros de Inserción Social”; traslado de pautas a los consejos de dirección de los centros penitenciarios para que actualicen su normativa y sus procesos de actuación; puesta a disposición de los profesionales de elementos de protección personal; y, por último, diversas medidas de concienciación, prevención e “intervención tratamental” para con los internos.

A ello se suma el hecho de que, la semana pasada, el Congreso aprobó la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica para reconocer a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad para brindarles seguridad jurídica.

La medida presenta paralelismos con la moción aprobada en 2012 en el pleno del Senado para encomendar al Gobierno el refuerzo de la figura del profesional sanitario como autoridad en su trabajo. Fruto de ello, la Ley Orgánica 1/2015 modificó el Código Penal para incluir a los sanitarios y a los docentes entre los funcionarios protegidos como autoridad, algo que, entre otras cosas, eleva a la categoría de atentado las agresiones cometidas contra estos.

Plazas sanitarias vacantes en Instituciones Penitenciarias

Al margen del problema de las agresiones, Vox, en su pregunta, también pidió información sobre las medidas previstas para cubrir las plazas vacantes de profesionales sanitarios en las Instituciones Penitenciarias. Al respecto, el Ejecutivo explica que este año ya se han completado las fases de oposición de los procesos selectivos convocados a raíz de la aprobación, en julio de 2023, de la oferta de empleo público correspondiente al pasado ejercicio anual para cubrir estas plazas. Actualmente está en marcha “el curso selectivo”.

“Asimismo, se convocan de manera ordinaria procedimientos de incorporación de funcionarios interinos de los Cuerpos Facultativo de Sanidad Penitenciaria y Enfermeros de Instituciones Penitenciarias”, agregan desde Moncloa, que recuerda que la Administración Penitenciaria sigue trabajando en alcanzar su “objetivo estratégico” de traspasar las competencias de la Sanidad Penitenciaria a las comunidades autónomas, según lo dispuesto en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS de 2003, algo que ya se ha hecho en el País Vasco, en 2011; en Navarra, en 2021; y en Cataluña, antes de aprobarse la ley.