Comisión de Función Pública
El Proyecto de Ley de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, comienza su andadura en el Congreso sin apenas trabas pero a contrarreloj. El texto impulsado por el entonces ministro de
Función Pública, Miquel Iceta, deberá aprobarse en la última sesión de la Cámara el próximo 23 de diciembre si quiere entrar en vigor el próximo año.
Después del 'sí' recibido en el Congreso, el anteproyecto conseguía también superar el primer escalón en el
Senado, de forma ajustada, al aprobarse el texto propuesto por la ponencia con 16 votos a favor, ninguno en contra y 13 abstenciones.
El texto inicial, destinado a acabar con el
abuso de los contratos temporales en sectores públicos como la Sanidad, se mantiene, por el momento en esencia, después de
tumbar todas las enmiendas propuestas por los diferentes grupos.
Como propuesta de cambio, desde el Grupo Parlamentario Democrático, del que forma parte Ciudadanos y Teruel Existe, insistía en
limitar la situación de interinidad a un máximo de 4 años desde la fecha de nombramiento, con la posible
extinción de la plaza en caso de incumplimiento como medida sancionadora.
"No pueden repetirse las situaciones de abuso que hemos tenido donde muchos han estado incluso décadas en su puesto de trabajo", defendía José Luis Muñoz como portavoz, convencido de que la discriminación que generará la norma con respecto a los empleados del sector público será fruto de "inseguridad jurídica y litigiosidad".
Piden asimismo que se elimine de la publicación la posibilidad de que solo la correspondiente convocaroria pueda validar la continuidad del interino en situación de abuso, señalando como responsables para ello a los "gestores de lo público".
Concursos "exclusivos" para empleados temporales
Precisamente el hecho de que las administraciones estén "plenamente autorizadas" gracias a la nueva ley a diseñar sus
procesos de selección a nivel local y autonómico generará, a ojos del grupo Mixto, una "inseguridad, incertudumbre y desigualdad" en el sistema.
Desde la formación, ven necesario ampliar la aplicación de la norma de Función Pública a aquellas plazas desempeñadas en los
3 años anteriores a la entrada en vigor de la ley, es decir, a fecha 1 de enero de 2019, acotando así la temporalidad abusiva a los estándares quer marca Europa. "Ahora se marca en más de 5 años que en realidad son 6", apuntaba Clemente Sánchez, a favor de que estos trabajadores temproales se consideren "personal a extinguir".
En cuanto a la selección, son partidarios de excluir del concurso de méritos al personal temporal que ya hubiera superado el proceso selectivo y haya sido estandarizado administrativamente y
restringir al máximo posible este tipo de concursos a "víctimas de abuso de contratación temporal". Parte de su compensación deberá conllevar, opinan, una indeminzación "acorde a lo que establece el Estatuto de Trabajadores Públicos" y que, de paso, actúe como elemento disuasorio para las autoridades.
De cara a evitar solapamientos entre el RD base de 14/2021, de 6 de julio y la nueva norma, creen que sería necesario
paralizar todas las OPE y convocatorias, extrayendo las plazas de "abuso" de las convocatorias que no se hayan resuelto. Esto, explican "permitiría incluir todo ese personal de los últimos 3 meses en la oferta de empleo del nuevo proyecto de ley".
Por su parte, las sugerencias lanzadas por los populares tienen que ver con un
"complemento de ruralidad" que permita incentivar la ocupación de plazas en zonas rurales con dificultad de cobertura. Asimismo, piden que se pueda considerar superada la fase de oposición restando solo la valoración de méritos en fase de concurso y se mantenga un "mínimo de interinidad" con plazas sobrantes que pasen a concursos próximos.
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