El Senado aprueba normalizar la lengua de signos en la sanidad española

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad ha debatido este miércoles la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (GPS) por la que se insta al Gobierno a la implantación de la accesibilidad en lengua de signos y en otros sistemas de comunicación visuales en la atención sanitaria, tanto en presencial como telemática. La portavoz socialista Patricia Abascal ha sido la encargada de defender una propuesta que ha catalogado “de justicia” para todas las personas sordas o con discapacidad auditiva que se han visto “incomunicadas” con el Sistema Nacional de Salud (SNS) en la pandemia de Covid-19. Una moción que, finalmente, ha recibido el apoyo mayoritario de la Cámara Alta, con 24 votos a favor y cuatro abstenciones.

Abascal ha recordado que, con la crisis sanitaria, se pusieron en marcha diferentes servicios de atención ciudadana a los que "no podían acceder" estas personas. Asimismo, ha remarcado que las CCAA son las encargadas de gestionar sus sistemas de salud, a excepción de Ceuta y Melilla. “Para poder llevar a cabo esta implantación progresiva, se debe hacer desde el Consejo Interterritorial, que es donde se toman las decisiones en materia de salud”, ha defendido la portavoz, que ha subrayado que “es de justicia que implantemos este sistema”.

Ante esta moción, el Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha presentando una enmienda solicitando que se incluya a Ceuta y Melilla, cuyos consejeros no tienen competencia en el Instituto de Gestión Sanitaria. Por ello, David Juan Muñoz, vocal del Grupo Parlamentario Popular (GPP), ha expresado que la gestión de la implantación de estos sistemas de accesibilidad debe recaer en el Ministerio de Sanidad, que es quien “tiene la competencia para sacarla adelante”.

Una enmienda que ha sido rechazada por los socialistas, quienes han asegurado al GPP que “nadie” se quedará fuera de la implantación y que el propio Ministerio de Sanidad se encargará de gestionar la situación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por lo que finalmente los populares han dado un ‘sí’ a la propuesta socialista.

Asimismo, el senador popular ha subrayado que, con la irrupción de la pandemia, todos los sistemas han demostrado que las personas con cualquier discapacidad se han quedado “fuera de la Atención Primaria”. Además, Muñoz ha enfatizado que también hay que dar apoyo a los médicos en estos “nuevos recursos”.

"Una obligación moral"

Alberto Prudencio Catalán, portavoz de Grupo Parlamentario Mixto (GPMX), ha explicado que la epidemia provocó que el 80 por ciento de la atención sanitaria no fuera presencial. En este sentido, ha recalcado que la situación es “alarmante”, que la calidad de la atención “no ha sido buena” y que algunos centros sanitarios “dejaron de ser accesibles” para algunos ciudadanos. Catalán ha señalado que en algunas CCAA, como Navarra, esta situación ha provocado que los seguros privados hayan aumentado un 50 por ciento.

Para José Luis Muñoz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPC), la implantación de estos sistemas de comunicación en la atención sanitaria “no solo es un deber, sino una obligación moral” para poder romper barreras de comunicación. “Unas barreras que en el ámbito sanitario son de gran relevancia”, ha recalcado, mostrando el apoyo de la formación naranja a la moción.

La propuesta se ha encontrado con la abstención de vascos y catalanes, que han alegado que en sus respectivos territorios ya se han puesto en marcha estas iniciativas para favorecer la inclusión de los ciudadanos. “Cataluña tiene competencias exclusivas. Las CCAA están haciendo su trabajo y
todos los territorios deben implementarlo”, ha dicho María Teresa Rivero, del Grupo Parlamentario Nacionalista (GPN), que ha pedido una correcta financiación.

Por su parte, María Rosa Peral, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, ha insistido en la necesidad de formar al personal sanitario en lenguaje de signos, además de contar con un número de intérpretes suficiente.