Los asistentes a la reunión.
16 ene. 2018 21:50H
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La secretaria ejecutiva de Sanidad y Consumo del PSOE, Luisa Carcedo, junto al secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, los secretarios adjuntos Pere Joan Pons y Meritxell Batet, así como varios miembros de las Comisiones de Servicios Sociales del Congreso y Senado, han mantenido una reunión en el Congreso con representantes de la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia, para analizar la situación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y el desarrollo de la Ley.
Tras la reunión, Carcedo ha asegurado que “la Dependencia va a ser una prioridad para el PSOE en los Presupuestos Generales del Estado” Además, “debe ser tenida en cuenta en el sistema de financiación autonómica”, dado que “las Comunidades Autónomas están aportando más del 80 por ciento, frente al escaso 18 por ciento de la Administración General del Estado”.
Asimismo, en esta reunión los socialistas han coincidido con la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia en señalar la preocupación por los copagos, el abandono de la financiación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, la necesidad de reforzar los cuidados en el entorno familiar y la protección de los menores dependientes, o la revisión de los baremos y de la cartera de servicios.
Carcedo recuerda que “la aplicación de los recortes a los que el PP ha sometido al sistema de atención a la dependencia desde 2012, con la eliminación del nivel concertado y la disminución del nivel mínimo, superan los 2.000 millones de euros”. Por eso, los socialistas reclaman “dotar al sistema de los recursos necesarios mediante una financiación finalista” y que “garantice un esfuerzo equitativo entre Estado y CCAA”.
La dirigente socialista ha criticado que el incremento de en torno a un 5 por ciento de las ayudas a las personas con dependencia acordado recientemente por el Consejo de Ministros, “es insuficiente para revertir los recortes que el Gobierno del PP ha infligido al sistema desde 2012” y “un parche que no soluciona la deuda del Gobierno con las personas en situación de dependencia y con las comunidades autónomas, sobre las que ha hecho recaer todo el peso del sistema”.
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