El PSOE pide al Gobierno que pague las deudas por la sanidad de los presos

El grupo parlamentario socialista ha registrado este miércoles dos Proposiciones No de Ley (PNL) que instan al Gobierno a "abonar el gasto por la atención sanitaria prestada por las comunidades autónomas a las personas reclusas" y también solicita su debate en las comisiones de Sanidad e Interior.

El PSOE argumenta que el Ministerio del Interior, que ostenta las competencias en Administraciones Penitenciarias, lleva sin pagar las facturas de la atención a los reclusos a las comunidades autónomas desde finales de 2012. A partir del tercer trimestre de ese año, las cárceles comenzaron a devolver las facturas emitidas por las administraciones regionales cuyo coste supera, según los socialistas, los 110 millones de euros.

Esta atención corresponde a las urgencias, hospitalizaciones, diagnósticos y consultas realizados a la población reclusa. La atención sanitaria a los reclusos se presta de manera compartida entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que dispone en sus 71 cárceles y 32 centros abiertos de 326 médicos y 485 enfermeros, que se ocupan de la Atención Primaria y las Comunidades Autónomas que prestan el resto de servicios mencionados anteriormente.

Para los socialistas la solución definitiva es "el traspaso de esta competencia junto con la correspondiente financiación del coste real de una asistencia sanitaria integral a las comunidades autónomas". El grupo parlamentario denuncia que hasta principios de la década, Interior mantenía convenios con las comunidades, y estas facturaban por la atención prestada a los reclusos, pero que estos acuerdos fueron venciendo sin ser renovados.

Esta situación se ha hecho especialmente visible en el Plan para el tratamiento de la hepatitis C, según el PSOE. "Casi el 40 por ciento de los reclusos con fases avanzadas de la enfermedad siguen pendientes de recibir tratamiento dos años después de poner en marcha el Plan estatal de Abordaje de la Hepatitis C", denuncia el PSOE, que asegura que son datos del propio Gobierno como respuesta a una pregunta del propio grupo socialista.