Eva Granados, portavoz del grupo socialista en el Senado.
El grupo socialista ha presentado una
enmienda transaccional en el Senado con el objetivo de modificar la nueva ‘
ley del aborto’ y evitar que las administraciones públicas pongan en marcha acciones que alteren la libre voluntad de las mujeres en la interrupción voluntaria de su embarazo. La modificación se ha presentado tras la polémica suscitada por el
protocolo que presentó Vox en Castilla y León para forzar a los médicos a enseñar a las pacientes ecografías del bebé o a hacerles escuchar el
latido del corazón. Este cambio de estrategia política obligará a llevar la norma a un debate de segunda vuelta en el Congreso donde todos los partidos deberán posicionarse otra vez.
El partido del Gobierno ha planteado una modificación del
artículo 24 de
la futura normativa con el objetivo de blindar los derechos de las mujeres cuando se encuentren en esta situación. La enmienda persigue “evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretenda
n alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo”. Algo que se hará extensible también al momento de comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la única excepción de la “
información clínica imprescindible y pertinente”.
Además, el grupo socialista también ha incluido un apéndice para garantizarse que todas las actuaciones que se realicen en el
Sistema Nacional de Salud (SNS) estén vinculadas con razones de peso y no directrices de las administraciones. “Las intervenciones diagnósticas y terapéuticas asociadas con la decisión y la práctica de la interrupción del embarazo d
eberán basarse, en todo caso, en la evidencia científica”, han agregado.
El PSOE fuerza una nueva votación del aborto
La portavoz del PSOE en el Senado,
Eva Granados, ha presentado en rueda de prensa este nuevo movimiento político que se resolverá en una primera votación en la Cámara Alta el próximo
8 de febrero. “Vamos a garantizar que nadie va a
coaccionar a las mujeres en la formación de su voluntad de abortar”, ha apuntado.
Granados ha reconocido que estos cambios legislativos están vinculados directamente con
el caso de Castilla y León. Aunque la dirigente socialista da por concluido el conflicto tras la intervención del
Gobierno de Pedro Sánchez, ha insistido en que el objetivo pasa porque no se pueda repetir el anuncio de un protocolo sanitario de estas características en otra comunidad autónomas. “Con esta transacción lo que queremos es
blindar los derechos de las mujeres y que no se trafique para estar en el poder o dar la batalla cultural”, ha apostillado.
Su objetivo pasa además por forzar al Partido Popular a posicionarse también a nivel parlamentario sobre el asunto, después de que presidente de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco, anunciase que
no se iba a poner en marcha ningún protocolo nuevo sobre el aborto en la región. “Tienen la oportunidad de desmarcarse de su socio”, ha agregado la secretaria de Igualdad del PSOE,
Andrea Fernández.
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