Carmen Montón y María Luisa Carcedo, exministra y actual ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, durante el acto de traspaso de poderes.
El pasado 6 de septiembre el
Pleno del Congreso de los Diputados ratificó el Real Decreto de acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), dándole a la norma el respaldo del
poder legislativo tras ser aprobada de forma urgente por el
Ejecutivo. Sin embargo, con aquel espaldarazo parlamentario a la
política sanitaria del Gobierno de Pedro Sánchez no concluye el recorrido del texto normativo en las
Cortes Generales, puesto en la misma sesión los diputados aprobaron, con el voto favorable de todos los grupos,
tramitar el Real Decreto como proyecto de ley.
Un proceso que ha comenzado este viernes con la
publicación del proyecto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. En este texto, además de recogerse la exposición de motivos, y los antecedentes, también se refleja que los distintos grupos que componen la Cámara Baja
disponen de ocho días hábiles -hasta el 24 de septiembre- para presentar sus respectivas enmiendas.
Una vez concluya el citado plazo, las distintas modificaciones que hayan sido presentadas por los partidos serán debatidas en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso de los Diputados, órgano en el que se admitirá o desestimará su inclusión en el texto normativo. Finalmente,
será esta misma comisión la que vote el proyecto de ley enmendado para su aprobación con competencia legislativa plena.
“Una ley de todos”
El Gobierno decidió tramitar el Real Decreto de acceso universal al SNS como proyecto de ley para hacer una “norma de todos”
en la que los distintos grupos parlamentarios pudiesen aportar sus modificaciones y conseguir, así, una legislación de consenso.
“La tramitación responde a nuestra voluntad de mejorar la norma con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios. La fórmula de usar el Real Decreto-ley respondía a la urgencia de darle una solución a una materia tan importante como es la salud de las personas.
Participación y diálogo es lo que buscábamos, porque debe ser una ley de todos”,
explicaba la todavía ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, en los pasillos del Congreso.
Esa voluntad de consenso fue la que llevó a algunos partidos dubitativos a secundar la aprobación del Real Decreto, puesto que
les abría la puerta a presentar las modificaciones que considerasen oportunas a un texto que, en aquel momento y
de acuerdo con la normativa del Congreso de los Diputados,
sólo podían convalidar o rechazar, pero no enmendar.
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