El protocolo contra la mutilación genital femenina otea el Interterritorial

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) ha presentado una Proposición no de Ley relativa al abordaje integral de la Mutilación Genital Femenina (MGF), para su debate en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos Pacto de Estado Violencia de Género. El grupo parlamentario insta a actualizar el protocolo común para la actuación sanitaria ante esta problemática en el marco del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, se solicita que esta actualización se realice con la participación de sociedades científicas y asociaciones de mujeres que trabajan en este ámbito, con el fin de realizar un “abordaje integral” de esta práctica, que se realiza con más asiduidad a niñas de entre 0 y 14 años y, de manera ocasional, a mujeres adultas.

En 2015, el órgano de cooperación de los servicios de salud de las CCAA y el Estado ya adoptó el ‘Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Mutilación genital femenina’, con el objetivo de establecer actuaciones homogéneas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Actualización del protocolo ante mutilación genial femenina

Según dicta el escrito, los portavoces del Grupo Socialista persiguen actualizar el protocolo para mejorar y reforzar los canales de información en todos los aspectos vinculados a la salud y la sexualidad de estas mujeres, incluida la posibilidad de reparación en el SNS de los órganos mutilados o dañados en la práctica de la mutilación genital. 

Por otro lado, se pretende una armonización de la información, sensibilización y difusión del conocimiento sobre la MGF entre el personal sanitario de Atención Primaria y especializada, sobre las pautas de detección, prevención y atención integral de la MGF, así como su coordinación con los sistemas educativo y social.

La PNL, firmada por las diputadas Lidia Guinart Moreno, Carmen Ándres Añón, Laura Berja Vega y Ana Prieto Nieto, también incide en el rol de los Servicios Sociales en la detección precoz, valoración e intervención ante esta problemática, así como en la ampliación de los programas de sensibilización y prevención.

Por último, se insta al Gobierno a estudiar las vías para la generalización de la aplicación de la circunstancia agravante de racismo, discriminación y de género, que recoge en el artículo 22.4 del Código Penal, así como el reconocimiento de esta práctica como forma de persecución en el
marco del derecho de asilo, para reivindicar la protección de estas niñas y chicas adolescentes.