Confían en que el PSOE, al igual que Ciudadanos, apoyen su toma en consideración.
Los
sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) que acudan portando
lazos amarillos a sus puestos laborales podrían ser cesados de salir adelante la proposición de ley que ha registrado el
Partido Popular (PP) en el
Congreso de los Diputados.
La iniciativa ha sido presentada por el secretario general del grupo 'popular',
José Antonio Bermúdez de Castro, quien ha explicado que no se trata de perseguir a los ciudadanos que coloquen este tipo de símbolos "sino de
garantizar que las autoridades tampoco lo hacen y que además lo impiden".
Sobre los efectos que podría tener esta norma en casos concretos, De Castro ha señalado que el presidente catalán, Quim Torra, no podría acudir a La Moncloa con un lazo amarillo en la solapa, y también ha puesto el ejemplo del
cirujano de un hospital público que no podría operar con ese mismo símbolo en la solapa de su bata. "No es un lazo amarillo, es un símbolo de exclusión, de ataque al Estado de derecho", ha subrayado al respecto.
El texto pretende prohibir la exhibición en espacios públicos de símbolos "excluyentes", como los
lazos amarillos, obligando a funcionarios y cargos públicos, entre los que se incluyen los
profesionales sanitarios, a no lucirlos.
La norma prevé desde la amonestación al alto cargo en caso de infracción leve hasta su cese para la muy grave -por incumplimiento doloso o culposo- que lleva aparejada la imposibilidad de
volver a un puesto similar entre 5 y 10 años. También podrán ser sancionados los sanitarios que tengan conocimiento de la exhibición de estos símbolos y no lo comuniquen a las autoridades.
Ni en hospitales ni en batas
El grupo popular ha recordado el
criterio del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para quien la libertad de expresión tiene su límite en la neutralidad de las instituciones, de manera que el espacio público, como hospitales, sea un espacio para la convivencia, así como la sentencia del
Tribunal Supremo que subraya la necesidad de
preservar esta neutralidad institucional.
De entrada, el grupo popular no cree que el Gobierno pueda poner traba alguna a la tramitación de esta proposición e incluso
confía en que el PSOE, al igual que Ciudadanos, apoyará su toma en consideración para emprender su tramitación parlamentaria.
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