Los populares registran una PNL en la que piden más peso de las CCAA en las decisiones del órgano consultivo

 Ester Muñoz, vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, quiere dar más peso a las CCAA en el Consejo Asesor de Sanidad.
Ester Muñoz, vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP.


18 sept. 2024 16:55H
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El Partido Popular ha puesto en tela de juicio la “utilidad real” del Consejo Asesor de Sanidad, así como la del Comité de las profesiones del sector, en una proposición no de ley mediante la que emplaza al Gobierno a coordinar con las comunidades autónomas las decisiones sobre la composición, el funcionamiento y las funciones a desarrollar por estos órganos. El objetivo, defienden los de Alberto Núñez Feijóo, no es otro que posibilitar que aporten valor en el desarrollo tangible de soluciones” a las “deficiencias” del Sistema Nacional de Salud (SNS).  

Los conservadores han registrado esta iniciativa para su debate en el Congreso de los Diputados después de que el Gobierno reconociera que está estudiando dividir las competencias del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales, dejando esta última cartera al amparo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. 

El citado Consejo Asesor es un órgano consultivo que tiene su origen en 1992 y cuya función principal es la “asistencia a la persona titular para la titular del departamento (en la actualidad, Mónica García) en la formulación de la política sanitaria”, según informó recientemente el propio Ministerio de Sanidad. 

Evolución del Consejo Asesor de Sanidad


A lo largo de los años, diferentes reales decretos fueron ampliando las competencias del mismo para “atender, con mayor celeridad”, las cuestiones con mayor repercusión “tanto en la planificación de la política sanitaria” como en otras requeridas por el ministro o ministra. De esta forma, en 2019 se aprobó la orden “por la que se desarrolla la composición y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales”. 

“No obstante, la reestructuración ministerial posterior llevó a separar las competencias de Sanidad y de Servicios Sociales en dos Ministerios diferentes, existiendo la necesidad de contar con un órgano de asesoría a la persona titular del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030”.  En este sentido, Sanidad informó de que el departamento que abandera Pablo Bustinduy “está valorando” la creación de un Consejo Asesor específico en su materia al amparo del anteproyecto de Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales que aprobó el Gobierno la pasada legislatura. 

Los órganos asesores “han perdido razón de ser”


Según el PP, ese “enfoque integral” con el que surgieron tanto un Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales como un Comité de las profesiones del sector sanitario y social “colisionó frontalmente con la decisión tomada en enero de 2020 por Pedro Sánchez de segregar la sanidad y los servicios sociales en dos ministerios”. 

“Con la creación entonces del Ministerio de Sanidad por un lado y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por otro, la transversalidad con la que fueron creados el Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales y el Comité de las profesiones del sector sanitario y social perdió toda razón de ser, a pesar de lo cual ambos organismos figuraron en el organigrama del actual Ministerio de Sanidad hasta el pasado 24 de julio”, sostiene en su PNL. 

Considerando “la situación crítica existente en ámbitos como la Atención Primaria, la gestión y planificación de los recursos humanos y el acceso a las innovaciones terapéuticas”, los populares han solicitado al Congreso que inste al Gobierno a “materializar las medidas necesarias para dotar de utilidad real” al Consejo Asesor de Sanidad y al Comité de las profesiones del sector sanitario, de forma que se posibilite “que aporten valor en el desarrollo tangible de soluciones a las deficiencias e ineficiencias que afectan actualmente al SNS”. 

Para ello, continúan, el Gobierno “trabajará desde el consenso con las comunidades autónomas” para “sustentar todas las decisiones sobre la composición, el funcionamiento y las funciones a desarrollar” por ambos órganos “en principios y valores que respondan únicamente a criterios técnicos y científicos”.  
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